Cuadro Nº 4: Brecha de ingresos entre el 20 % de mayores ingresos y el 20 % de menores ingresos. Total del país y por jurisdicciones (1995-2002)
BRECHA 1995
|
BRECHA 2000
|
BRECHA 2002
|
VARIACIONPORCENTUAL 1995-2002
| |
CIUDAD DE BUENOS AIRES
|
11,5
|
12,6
|
15,0
|
30,4%
|
BUENOS AIRES
|
11,4
|
13,5
|
26,2
|
128,8%
|
GRAN BUENOS AIRES
|
11,6
|
13,4
|
25,7
|
121,4%
|
RESTO DE BUENOS AIRES
|
10,5
|
14,6
|
30,9
|
193,3%
|
CATAMARCA
|
11,8
|
16,2
|
18,6
|
58,2%
|
CORDOBA
|
11,0
|
12,2
|
18,2
|
65,9%
|
CORRIENTES
|
12,8
|
14,8
|
23,2
|
80,5%
|
CHACO
|
14,6
|
23,0
|
28,2
|
92,4%
|
CHUBUT
|
9,9
|
15,9
|
17,5
|
76,8%
|
ENTRE RIOS
|
11,7
|
19,1
|
32,3
|
175,6%
|
FORMOSA
|
11,4
|
26,1
|
52,7
|
361,4%
|
JUJUY
|
11,5
|
15,2
|
14,2
|
23,6%
|
LA PAMPA
|
10,2
|
10,9
|
24,3
|
138,2%
|
LA RIOJA
|
13,1
|
13,1
|
17,4
|
33,0%
|
MENDOZA
|
10,1
|
13,8
|
19,6
|
92,8%
|
MISIONES
|
11,4
|
19,6
|
23,5
|
105,1%
|
NEUQUEN
|
14,8
|
14,4
|
25,5
|
71,8%
|
SALTA
|
11,2
|
15,4
|
25,9
|
131,2%
|
SAN JUAN
|
11,1
|
14,1
|
17,1
|
53,0%
|
SAN LUIS
|
12,1
|
28,1
|
14,7
|
21,0%
|
SANTA CRUZ
|
11,6
|
9,9
|
11,0
|
-5,7%
|
SANTA FE
|
11,4
|
15,0
|
24,1
|
111,5%
|
SANTIAGO DEL ESTERO
|
11,4
|
14,5
|
19,3
|
69,5%
|
TIERRA DEL FUEGO
|
11,7
|
12,9
|
17,6
|
50,2%
|
TUCUMAN
|
12,8
|
12,8
|
18,5
|
45,1%
|
TOTAL DEL PAIS
|
11,5
|
13,6
|
20,4
|
77,2%
|
Fuente: PNUD, 2003
En el año 2002 se registra para el total del país una variación del 77,2%, es decir que la brecha de ingresos pasó de 11,5 veces en 1995 a 20,4 veces en 2002, mientras que en algunas provincias la situación se agudizó notablemente. Se advierte que en 2002, doce provincias superaban la media del país (20,4). En situaciones críticas de desigualdad, aparecen Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Resto de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Formosa (52,7 veces), Neuquén y Salta, entre otras. Por otra parte, en varias jurisdicciones, la profundización en la brecha de ingresos supera el 100%, agravándose abismalmente en la provincia de Formosa (361,4 %), en la mayoría de ellas, como consecuencia de la pérdida de ingresos del quintil de ingresos más bajos. En el extremo opuesto se encuentra la provincia de Santa Cruz, en la cual el porcentaje fue negativo. Si relacionamos las columnas del Cuadro 4, se puede tomar nota acerca de un ensanchamiento de la brecha que se agudiza entre 2000 y 2002, salvo extrañas excepciones. Nuevamente se verifica que la salida de la convertibilidad resultó vehículo de mayor inequidad, sin desconocer (como ya vimos), todo lo aportado en materia de injusticia social por el plan aplicado entre 1991 y 2001.
La concentración del ingreso es una tendencia que arrancó a mediados de los años setenta y se profundizó en los noventa. De los datos oficiales de fines de 2003 para todo el país, surge que el 10 % de mayores ingresos se queda con el 38,6 % del ingreso nacional, esto es 31 veces más que el 10 % más pobre. En el GBA la brecha fue de 50 veces. Esto significa que, junto al crecimiento del PBI del año 2003, también creció la regresividad. Aún cuando bajó la desocupación, el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones siguió deprimido (Bermúdez, 2004). Esto se notó en la pobreza por ingresos, pues el salario de los nuevos empleados es a menudo más bajo que el de los que ya estaban trabajando. En muchos casos, se puede estar trabajando y estar por debajo de la línea de indigencia (Muchnik, 2004). La evolución de pobreza e indigencia por ingresos entre 1995 y mayo de 2002 (Gráfico 4) sería más grave aún en los registros inmediatos siguientes.
Gráfico Nª 4: Población bajo Líneas de pobreza y de indigencia (1995-2002) en porcentajes
Fuente: elaboración propia, según onda de octubre 1995 y 2000; onda de mayo 2001 y 2002 de EPH (INDEC)
Los porcentajes de mayo de 2002 representaban que 18.033.000 personas estaban debajo de la LP. De ellas, 8.438.000 debajo de la LI. En la onda de octubre 2002, los porcentajes respectivos fueron de 57, 5% y 27,5 %, esto es 19.678.000 personas bajo la LP y, de ellas, 9.411.000 debajo de la LI.
Para entonces, la EPH registró varios aglomerados urbanos con elevadísimos porcentajes de población debajo de la LP : desde un 64,4% del Conurbano bonaerense, hasta el 77,7% de Concordia, las consecuencias del capitalismo salvaje se sintieron en la extensión de la pobreza en La Rioja , Santiago del Estero-La Banda, Gran Paraná, Gran San Juan, Formosa, Posadas, Salta, Gran Tucumán-Tafí Viejo, Gran Resistencia, Jujuy-Palpalá y Corrientes, sin dejar de lado el padecimiento del flagelo social a lo largo y ancho del territorio nacional. Como vimos, entre mayo y octubre de 2002, la población indigente por ingresos aumentó en un millón de personas. Recordemos que ser indigente significa no acceder a una canasta básica de alimentos de costo mínimo. Por “básica” se entiende el piso que se requiere para cubrir necesidades energéticas y proteicas elementales. Ser indigente, para ser claros, quiere decir pasar hambre11.
En mayo de 2003, los niveles de pobreza e indigencia fueron de 54,7% y 26,3%, respectivamente. El fin de la recesión económica no se traduce en la superación de la crisis y el deterioro social para las mayorías. En ese dramático retroceso (verdadero genocidio), se sustenta la capacidad de acumulación de sus mentores y beneficiarios. Según el sociólogo Artemio López, en razón de la instalación de una sociedad dual y desintegrada, desde el “rodrigazo” de 1975 y la dictadura cívico-militar de 1976-1983, “el grueso de la población y en particular la clase media transfirió al estrato alto y en especial a la cima, a valores de 2001, el equivalente anual a 15.000 millones de dólares” (citado por Bermúdez, op. cit.).
Por cierto, una crisis puede desembocar tanto en una ruptura como en una continuidad de los principales rasgos económicos, sociales y territoriales. En el primer caso, asistiríamos a un verdadero colapso del régimen de acumulación, en el que las variables motoras y dominantes pierden su condición de tales, siendo reemplazadas por otras. En el segundo caso, estaríamos ante una reestructuración de las mismas variables motoras y dominantes, las cuales se adaptan a las nuevas condiciones vigentes, sin abandonar sus rasgos característicos. Entendemos necesario señalar la presencia de una notoria continuidad en el devenir histórico del proceso de acumulación en el período contemporáneo. Esto es, estamos ante el segundo caso y, como diría Hugo Quiroga, “[...] el Estado es un agente central para que la crisis pueda operar como elemento regenerador de las condiciones de dominación y explotación de los capitales concentrados” (Quiroga, 1985: 18).
De hecho, el gobierno instalado por la Asamblea Legislativa , en funciones entre el 01/01/02 y el 25/05/03, cumplió sobradamente con su misión de convalidar una nueva situación emergente de la devaluación, con enormes transferencias de ingresos de los trabajadores a los capitalistas. A partir de esa fecha, asumió el actual gobierno nacional.
Tomando el caso del sector industrial, hay que señalar que en 2003 la producción creció un 17%, luego de haber acumulado una caída del 30% entre 1998 y 2002. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en un 65%, cuando en 2002 había sido del 56%. La expansión productiva derivó en 2003 en un aumento del 5% en la ocupación, pero del 12% en las horas trabajadas, expresando que la recuperación manufacturera fue acompañada de un incremento de la duración media de la jornada laboral. Como la producción del sector creció más que la ocupación, la productividad subió un 11 % en 2003, luego de una caída de 1% en 2002. El aumento de los precios resultante de la maxidevaluación produjo una caída significativa en los ingresos reales de los asalariados y, más aún, en los costos salariales de los empresarios. Los incrementos en estas dos variables durante 2003, producto de aumentos otorgados por decisiones del gobierno y por cierta contención del proceso inflacionario, llegaron luego del profundo deterioro producido en los meses posteriores al abandono de la convertibilidad. En 2002, el salario medio industrial cayó un 19%; los costos salariales disminuyeron un 36%.
Producto de lo anterior, se dio un incremento de la rentabilidad empresaria, o dicho en otras palabras, una gran transferencia de ingresos desde los trabajadores industriales a los capitalistas del sector. En 2003, el excedente captado por el empresariado manufacturero (en especial, por las fracciones más concentradas que han liderado la expansión reciente) se incrementó en promedio “apenas” un 9%, luego de haber aumentado casi un 60% en 2002 (Schorr, 2004). Por cierto, la contribución del sector a la resolución de los dos problemas más acuciantes del país (desocupación e inequidad distributiva) ha sido hasta ahora mínima.
La confiscación de depósitos bancarios (impulsada por el capital financiero, pero ejecutada y legitimada por el Estado), la fuerte devaluación desde el inicio de 2002, el retorno de la inflación, la brutal caída del PBI en los primeros seis meses del mismo año, más algunos mecanismos de control y regulación de la economía, indican cambios en ciertas características que definieron el perfil productivo, económico, social y territorial en los trece años previos. Sin embargo, buena parte de sus rasgos fundamentales permanecen incólumes, resistiéndose a ser desplazados, denotando la vigencia de la ideología neoliberal en torno a aspectos como la articulación al mercado mundial, la crisis social, la subordinación a las intencionalidades de los actores hegemónicos a escala mundial y nacional, y el comando externo del proceso de acumulación, valorización y reproducción ampliada del capital.
Antes y después de la devaluación, una de las actividades más reconocidas de los grandes capitalistas “nacionales” y extranjeros de actuación en el país, mantuvo su acostumbrado dinamismo. Hablamos de la salida de capitales hacia el exterior: muchos observadores se sorprenden cuando se les explica que por cada dólar de deuda argentina, fuera de las fronteras nacionales hay invertido otro dólar generado aquí, que en realidad suele ser el mismo, caracterizando a un empresariado predatorio que no invierte si no es mediante subsidios estatales y traslada su acumulación hacia los que considera destinos más seguros. El capital más concentrado es también el más propenso a este comportamiento antisocial. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Fuga de Divisas en 2001, con el asesoramiento técnico de un equipo de trabajo del Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), realizó una tarea que arroja luz sobre este proceso corrosivo que ataca a gran parte de la sociedad argentina, a pesar de obtenerse sólo un reflejo parcial de la magnitud del drenaje12. En el 2001 salieron capitales por casi 30.000 millones de dólares, transferidos en forma legal. El 90 % fue transferido por empresas, y más de la mitad por apenas treinta. Las primeras diez empresas explican el 35%, las primeras veinte el 44% y las primeras cien, el 70%. Esas empresas integran la cúpula de las primeras 200 del país, según facturación, confirmando una alta correlación entre la salida de divisas y el capital más concentrado. El 42% corresponde a grandes firmas exportadoras; el 26 % a las empresas privatizadas de servicios públicos y petróleo, siendo el subconjunto que ostenta el mayor nivel promedio de giros al exterior por empresa; el 24% corresponde a empresas agropecuarias y agroindustriales. Además, unos 16.000 millones de dólares fugaron sin ser justificados por operaciones legítimas registrables. La Comisión citada trabajó durante 2002 y parte de 2003, investigando el último año de convertibilidad. Después de ella, en 2002, la fuga fuera de transferencias legales se estimó entre 12.000 y 15.000 millones de dólares (Verbitsky, 2003; Comisión Especial de la Cámara de Diputados 2001, 2005). La bancarrota de la Argentina no es la bancarrota de todos los argentinos. Es más bien el enriquecimiento vil de aquellos que alguna vez fueron designados como los “proxenetas de la desdicha” (Galeano, 1989: 4).
La devaluación practicada condujo a una notable mejoría de la capacidad exportadora, volviendo a generar abultados excedentes en la balanza comercial. Pero los beneficiarios de ese proceso se reducen a un puñado de ciertos perfiles exportadores primarios. Tal es el caso de la soja, el gas, el petróleo, el oro, la plata y el cobre. Estos bienes transables representan alrededor del 70% de la oferta exportable del territorio nacional. Esto implica la continuidad de cierta estructura productiva y la consolidación de los rasgos fundamentales de la división territorial del trabajo preexistente. De este modo, el proceso de acumulación del capital es comandado por las corporaciones globales líderes en el ramo energético, los conglomerados transnacionales vinculados a la explotación minera, los grandes productores agropecuarios, las respectivas cadenas de intermediarios, y las firmas norteamericanas y europeas centradas en la innovación y desarrollo, a través de la biotecnología y la ingeniería genética, de nuevas semillas transgénicas, acompañadas de los correspondientes paquetes tecnológicos.
Retomando el tema de la deuda externa argentina, vale mencionar que desde diciembre de 2001 hasta diciembre de 2004, creció en 36.749 millones de dólares. Sin embargo, Argentina pagó a los organismos “multilaterales” 4.127 millones de la misma moneda en 2002, en plena eclosión de la catástrofe social. En 2003, pagó 2.426 millones. En 2004 canceló otros 2.299 millones en los primeros nueve meses, pagando luego otros 2.149 que correspondían a vencimientos del último trimestre. En 2005, se destinó un 12,3% del presupuesto nacional al pago de intereses de la deuda pública; unos 9.547 millones de pesos, esto es unas cuatro veces el presupuesto destinado a las 37 universidades nacionales (de 2.314 millones de pesos). En el mismo 2005, se afrontaron vencimientos de capital de la deuda en condición normal (fuera del default) por 4.196 millones de dólares.
El 25 de febrero de 2005, finalizada la negociación con los bonistas, por la deuda que había entrado en cesación de pagos el 23/12/01, pese a que se ha obtenido una quita considerable, sabemos que lo que quedó también será insostenible. Los compromisos externos entre 2005 y 2007, teniendo en cuenta los porcentajes del superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) que se destinan a ese fin, sólo podrían cumplirse en un 40%. Esto nos lleva a nuevas rondas de negociaciones. Ya el 06/03/05, el Director del FMI, el español Rodrigo Rato, comenzó a reclamar (en castellano) un mejor trato para los bonistas que decidieron no ingresar al canje, incremento de tarifas para favorecer a las empresas privatizadas y, claro está, también exige que los organismos sigan en la categoría de acreedores privilegiados. Un año después, nuestro país canceló su “deuda” con el FMI.
Luego de más de 30 años de este escenario, el país (su estructura social, gran parte de la población a través de su deteriorada calidad de vida) está desangrado. Salarios y beneficios sociales han caído terriblemente, el desempleo sigue siendo altísimo, hay servicios públicos que están en estado lamentable, la pobreza se ha extendido a vastos sectores de población, las cajas del Estado están casi vacías, una parte del aparato productivo está abandonada, otra parte en manos extranjeras y no queda gran cosa que privatizar. La protesta social se ha manifestado y se manifiesta a lo largo y ancho del territorio. La represión y la judicialización de la protesta ha sido y sigue siendo lo principal de las respuestas, amén del incremento extraordinario de los Planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, en especial en parte de 2002 y durante 2003. Estos planes estatales, de carácter asistencial y de escaso monto pagado por plan (antes 150 lecops, ahora $150), pasaron de 574.503 beneficiarios en mayo de 2002 a 1.992.497 en mayo de 2003 (Adriani; Suárez; Alvarez, 2004).
Recientemente, se ha conocido un documento que se ocupa de presentar y analizar algunos de los problemas socioeconómicos de Argentina utilizando dos periodizaciones bien específicas: la etapa 1974-2005 y los años entre 1998 y la actualidad (Lozano, 2005). Sobre el período extenso (treinta años), se trabaja en base a datos que, si bien traen aparejadas algunas limitaciones, dado que se han tomado el PBI, la población y el PBI per cápita, no dejan demasiadas dudas sobre el estancamiento estructural de nuestro país. Esas tres décadas se corresponden con la vigencia del sistema de poder neoliberal (aunque no fuera conocido con ese nombre en los primeros años). En el Cuadro 5 se observa la serie completa de los indicadores tenidos en cuenta.
Cuadro Nº 5: Estimación del PBI, la Población y el PBI
per cápita 1974/2005
Años
|
PBI
|
Población
|
PBI per cápita
|
1974
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
1975
|
96,6
|
101,8
|
97,8
|
1976
|
99,2
|
103,6
|
95,7
|
1977
|
105,5
|
105,5
|
100
|
1978
|
102
|
107,3
|
95,0
|
1979
|
108,7
|
109,1
|
99,6
|
1980
|
111,3
|
110,9
|
104,4
|
1981
|
104,4
|
112,6
|
92,3
|
1982
|
98,8
|
114,3
|
86,5
|
1983
|
101,8
|
116,0
|
87,8
|
1984
|
104,4
|
117,7
|
88,8
|
1985
|
100,0
|
119,3
|
83,8
|
1986
|
105,7
|
121,0
|
87,3
|
1987
|
108,0
|
122,7
|
88,0
|
1988
|
105,1
|
124,4
|
84,5
|
1989
|
100,4
|
126,1
|
79,7
|
1990
|
100,8
|
127,8
|
78,9
|
1991
|
111,5
|
129,4
|
86,1
|
1992
|
122,2
|
131,5
|
93,1
|
1993
|
129,2
|
133,2
|
97,0
|
1994
|
139,6
|
135,1
|
103,3
|
1995
|
133,9
|
137,0
|
97,8
|
1996
|
140,3
|
138,9
|
101,0
|
1997
|
152,4
|
140,8
|
108,2
|
1998
|
158,3
|
142,7
|
110,9
|
1999
|
152,9
|
144,6
|
105,8
|
2000
|
151,7
|
146,5
|
103,6
|
2001
|
145,0
|
148,4
|
97,7
|
2002
|
129,2
|
150,3
|
86,0
|
2003
|
140,7
|
152,2
|
92,4
|
2004
|
149,8
|
154,1
|
97,2
|
2005
|
155,8
|
156,0
|
99,9
|
Fuente: Lozano, 2005; PBI, empalmadas las series de base 1970, 1986 y 1993. Población en base a proyecciones de las variaciones intercensales.
Con un crecimiento del PBI del 6% (que era el estimado por Lozano, op. cit), el PBI por habitante aún estaría por debajo del nivel de 1974.
Para el análisis del período reciente, esto es entre 1998, año de inicio de un ciclo recesivo, y el actual 2005, se incorporan datos sobre desempleo en términos relativos y absolutos, con o sin planes asistenciales oficiales, y datos sobre la pobreza por ingresos, que integran el Cuadro 6.
Cuadro Nº 6: Comparación de la situación socioeconómica a principios del 2005 respecto de principios de 1998 (Primer trimestre de cada año. PBI en millones de pesos a precios constantes 1993).
Rubros/ 1 trimestre
|
1998
|
2004
|
2005
|
Variación (%)
|
2005/1998
| ||||
PBI en millones de pesos
(1 trimestre)
|
271.702
|
254.350
|
272.037
|
0,1%
|
Tasa de desempleo
|
13,2%
|
14,4%
|
12,1%
|
-8,3%
|
Población desocupada
|
1.750.106
|
2.258.810
|
1.973.001
|
12,7%
|
Tasa de empleo sin planes
|
36,9%
|
36,6%
|
38,2%
|
3,5%
|
Población ocupada sin planes
|
11.741.619
|
12.718.838
|
13.458.683
|
14,6%
|
Tasa de desocupación
sin planes
|
13,0%
|
19,4%
|
17,3%
|
33,4%
|
Población desocupada
sin planes
|
1.750.106
|
3.058.081
|
2.818.572
|
61,1%
|
Tasa de pobreza
|
29,8%
|
44,4%
|
40,4%
|
35,8%
|
Población pobre
|
10.765.230
|
17.251.145
|
15.877.909
|
47,5%
|
PBI per cápita
|
7.521
|
6.546
|
6.922
|
-8,0%
|
Población Total
|
36.124.993
|
38.853.931
|
39.301.755
|
8,8%
|
Fuente: Lozano, 2005. Estimación del PBI 2005 con la proyección de la variación 2004-2003, ajustando la tasa de crecimiento oficial del 2005. Tasa de desempleo en base a mantener la elasticidad de empleo-producto de 0,64 resultante del segundo trimestre 2004 vs. segundo trimestre 2003, manteniendo la tasa de actividad actual e incorporando el crecimiento poblacional. Tasa de pobreza en base a mantener la elasticidad pobreza-producto del primer semestre 2004 vs. Primer semestre 2003.
Se puede apreciar que, recién en el primer trimestre de 2005, el PBI se ubicará en los niveles de 1998. Esto es, que a la Argentina le ha llevado seis años volver al nivel de actividad. Pero el cuadro social relacionado con este proceso muestra un marcado agravamiento. La población desocupada sin planes en el año 2005, si bien declina con respecto al 2004, es muy superior con relación a los valores de 1998. Así, la tasa de desocupación que corresponde observar (aquella que no contabiliza como ocupados a los perceptores de planes) es un 33% más alta que en 1998. Pasó de ser un 13% a representar un 17,3%. En valores absolutos esto supone un incremento del 61% de la población desocupada sin planes. Involucraba a 1.750.106 personas e involucra a 2.818.572. A su vez, esta situación es acompañada por un ingreso promedio en términos reales que es inferior en un 20% para el conjunto de los ocupados. En razón de ambas cuestiones la población pobre en el 2004 involucró a 6,5 millones de personas más que en 1998 y en el primer trimestre del 2005 fue un 47% mayor, superando por algo más de 5 millones al número de pobres de 1998. Luego de la estrepitosa caída social de 2001 y 2002, y aunque “la inversión de ciclo económico” parecería otorgar mayor capacidad de maniobra para el replanteo del régimen económico y social vigente, la denominada “recuperación” no se advierte en términos de ataque a la injusticia social consolidada.
11 1.048.000 jóvenes de 15 a 24 años no estudiaban ni trabajaban para esa fecha. Después de la devaluación, antes del inicio de una incipiente recuperación de los niveles de actividad, el número de jóvenes en esa situación rondó el millón y medio.
12 Para determinar la LP se consideró la canasta básica de bienes y servicios de setiembre de 2002, estimada en $716, en el caso de Capital Federal y GBA. Para la LI se estimó una canasta alimentaria de $324. El gran incremento de los precios minoristas de los alimentos básicos afectó seriamente a las familias que destinan a su adquisición la mayor parte de sus ingresos. Esos alimentos subieron un 75 % durante 2002.
