domingo, 10 de junio de 2012

Articulación entre actores públicos y privados en las nuevas urbanizaciones cerradas. El caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Sonia Vidal-Koppmann


Breve reseña sobre el tema

La transformación operada en los municipios de la región metropolitana de  Buenos Aires como consecuencia del avance de los agentes privados en la planificación urbana, no sólo ha generado un fuerte impacto en el territorio, sino también, un cambio en el espacio social, con la aparición de nuevos grupos de actores.

Desde la década de los 90 en adelante, la mayoría de los gobiernos locales aceptaron y estimularon las iniciativas privadas de producción de ciudad. Asociadas a una fuerte corriente de inversores llegaron las urbanizaciones cerradas que invadieron el segundo y tercer cordón metropolitano, y junto con ellas, los equipamientos que complementaron la instalación de las mismas sin más plan que las directrices del mercado.

El nuevo paisaje delineado en una amplia franja de borde de la región metropolitana (el periurbano) presenta un entorno salpicado de islotes de urbanizaciones de baja densidad, con una muy buena calidad edilicia y de servicios de infraestructura, rodeados de zonas degradadas pobladas por asentamientos informales, basurales a cielo abierto y vastos espacios agropecuarios.

El proceso de transformación que ya lleva casi dos décadas, se caracteriza por su alta complejidad, ya que la aparición del sector privado como agente urbanizador y las fuertes inversiones en operaciones inmobiliarias de vasta escala, constituyen un fenómeno inédito para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Dentro de este nuevo escenario, marcado por las reglas de juego de una economía de mercado, se destaca la irrupción de actores privados (desarrolladores, empresarios de la construcción, promotores, consultores inmobiliarios, etc.) con roles hegemónicos en relación con los procesos de desarrollo urbano implementados por el Estado, en todos los niveles.

Para dimensionar la magnitud del fenómeno, hay que señalar que, en el transcurso del último decenio, se incorporaron alrededor de 40.000 hectáreas de superficie urbanizada: una cifra equivalente al doble de la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta superficie se encuentra distribuida en más de 400 proyectos de urbanizaciones cerradas de diferentes tamaños y tipologías urbanísticas (clubes de campo, barrios cerrados, chacras urbanas, ciudades privadas, condominios, etc.), todos ellos planificados para densidades de menos de 40 habitantes por hectárea, con un consumo de suelo urbano superior al de los loteos de las ciudades tradicionales.

La mayor parte de estos nuevos asentamientos está localizada en la segunda y tercera corona de municipios que integran el área de influencia de la ciudad metropolitana. Se trata de los partidos[1] más alejados y con características semi-rurales, los que además poseen altas tasas de población con necesidades básicas insatisfechas y escasa cobertura de las redes de servicios básicos[2].

El proceso de expansión de este tipo de urbanizaciones se fue extendiendo con la ampliación de las redes de autopistas metropolitanas y los avances de la tecnología de comunicaciones. En la actualidad, la superficie afectada queda comprendida dentro de un radio de 100Km desde el centro de la ciudad de Buenos Aires. Dicha extensión ha llevado a incorporar dentro de la región metropolitana a municipios de borde, que históricamente no eran considerados como parte del Área Metropolitana.

Es por ello que estimamos que deben hacerse algunas aclaraciones con respecto a los conceptos que utilizaremos en este trabajo. En primer lugar, la justificación del término “región metropolitana” y no simplemente “área metropolitana”. En segundo lugar, es preciso definir el concepto de urbanización privada y de todas las tipologías que el mismo engloba en el caso argentino.

Los documentos elaborados a nivel nacional por el Ministerio Federal de Planificación[3] consideran como “región metropolitana” a la ciudad de Buenos Aires junto con cuarenta municipios vecinos, conformando la mayor superficie urbanizada del país con una extensión de 13.934 Km². En esta región habitan, según las estimaciones del último Censo Nacional (2001) 13.158.226 habitantes o lo que equivale al 36% de la población total del el país.

Asimismo es en la región metropolitana donde se registra el mayor número de habitantes en edad activa desempleados o subempleados, y donde se estima que más de dos millones de ellos moran en situación de alta precariedad (villas miseria, asentamientos informales, casas tomadas, etc.). No obstante, esta región aporta el 46% del Producto Bruto Nacional.

La mancha urbana (denominada aglomeración metropolitana) abarca un área de 2.440 Km², con una densidad promedio de 54 habitantes por hectárea; en tanto que la densidad calculada para la región metropolitana (dejando afuera la superficie de islas) es de 1.150 hab/ Km².

Por lo expresado anteriormente, resulta más conveniente a los fines de este estudio, utilizar el término región metropolitana, ya que los cuarenta municipios se encuentran funcionalmente relacionados entre y con la ciudad de Buenos Aires, constituyendo un sistema de centros urbanos indivisible. El límite del área metropolitana “tradicional” quedó traspasado por esta nueva realidad, aunque debe destacarse que no constituye hasta el presente, una unidad político-administrativa, ni una región de planeamiento (Pirez, 1994).

La ciudad de Buenos Aires posee un gobierno autónomo y se rige por su propia Constitución; mientras que los partidos (cuyos límites coinciden con los límites municipales) son autárquicos y se rigen por la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Esta es una de las principales causas que impiden encarar políticas estratégicas para la región y una normativa urbanística similar para todos los municipios, a pesar de que la provincia de Buenos Aires cuenta con legislación para regular el uso del suelo (Decreto Ley 8912 de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial).

Asimismo cabe hacer una acotación con respecto a la utilización de los términos “urbanización privada” y “urbanización cerrada”.

Los conceptos de urbanización cerrada, urbanización privada, nuevas urbanizaciones han venido siendo utilizados como sinónimos en la mayoría de los artículos sobre el tema. Sin embargo, es necesario acotarlos de manera más específica ya que existen diferencias en el objeto que designan.

Podríamos determinar que una urbanización consiste básicamente en un conjunto residencial con equipamientos comunitarios, infraestructuras de servicio y espacios abiertos comunes administrados por un organismo interno integrado por un grupo de vecinos. Si le agregamos el adjetivo “privada”, estaríamos señalando que el proyecto y la gestión de la misma no han provenido del sector estatal en ninguno de sus niveles, sino de la iniciativa de actores privados (empresas desarrolladoras, consorcios privados, etc.).

Hasta aquí este concepto no está señalando nada acerca de las características del conjunto residencial, aunque por inercia cuando se habla de urbanizaciones privadas inmediatamente se piensa en la figura del barrio cerrado o del club de campo. Entonces surge un elemento que define mejor este nuevo producto urbanístico y que consiste en las condiciones de cerramiento perimetral.

La fracción urbanizable se distingue del resto del territorio por poseer una cerca en todo su perímetro y uno o varios accesos controlados por dispositivos y fuerzas de seguridad privadas. Desde este punto de vista, entonces sería más riguroso utilizar el concepto de urbanizaciones cerradas para designar estos nuevos conjuntos residenciales.
Sin embargo, al indagar acerca de la existencia de urbanizaciones que sin tener un cerramiento perimetral podrían funcionar como si estuvieran valladas; encontramos ejemplos, tanto en la región bajo estudio como en otras ciudades de nuestro país que presentan esta característica. La condición de privacidad está marcada por:
-          la propuesta de desarrollo urbano de la totalidad del conjunto que es encarada por una empresa y se financia con capitales privados.
-          la gestión de los servicios que es realizada de forma autónoma y privada.
-          los sistemas de seguridad y vigilancia que también son contratados a empresas privadas.

Vale decir, que ante la falta de un muro perimetral se recurre a otro tipo de elementos para delimitar la privacidad del predio que puede estar constituido por varios barrios. Estas formas de cerramiento virtual avalan el uso del término “urbanización cerrada”.

Cabría preguntarse si existen urbanizaciones cerradas que no necesariamente son privadas. Como ejemplo pueden mencionarse algunos de los conjuntos de viviendas  denominados de “interés social”, construidos por el Estado nacional o provincial o por cooperativas de vivienda municipales, que poseen un perímetro cercado aunque las condiciones de acceso al predio difieren bastante de las medidas de seguridad privadas.

Quizás el punto en común de estos conjuntos sociales con las urbanizaciones cerradas es su localización alejada de las zonas más consolidadas de las ciudades y su tipología edilicia uniforme y diferenciable del resto de la edificación urbana.

La mayoría de estos conjuntos habitacionales, a pesar de que muchos de ellos ya tienen una antigüedad mayor a los treinta años, han quedado como islas, desintegrados de la trama de la ciudad. Paradójicamente, se visualizan en la periferia metropolitana, por un lado, los conjuntos destinados a las clases menos pudientes y los asentamientos ilegales; y por otro, también segregados de la trama, las urbanizaciones cerradas de las clases medias altas. De donde se infiere que tanto desde el ámbito privado como desde el ámbito estatal, no han sido suficientes los esfuerzos para que el crecimiento del parque habitacional quedara integrado al tejido urbano pre-existente, mediante un proceso de desarrollo urbano orgánico.

Los enclaves aislados de viviendas tienen una posible explicación. En el caso de los conjuntos habitacionales estatales, los municipios no siempre poseen áreas definidas para la localización de los mismos, a la vez que las políticas de vivienda y de desarrollo urbano pocas veces están conectadas entre sí.

Asimismo, un número muy bajo de municipios cuenta con bancos de tierras y por lo tanto, frente a la necesidad de paliar el déficit habitacional aceptan localizar las viviendas en zonas periféricas y con escasa infraestructura; es decir, donde las fracciones de terreno son más amplias y de menor costo.

En cuanto a los emprendimientos provenientes del sector privado, la búsqueda de tierras urbanizables baratas y con dimensiones superiores a las 10 hectáreas, los hace recalar en las zonas más alejadas de la periferia. Generalmente, sólo los barrios privados de pequeñas dimensiones (menos de 5 hectáreas) se han localizado dentro de áreas urbanas.

Tanto en una como en otra instancia (pública y privada), los proyectos puntuales no logran poner en marcha mecanismos de planificación adecuados para tender hacia un desarrollo urbano integrado. En consecuencia, puede afirmarse que los procesos que ha seguido el urbanismo tradicional han dejado resultados espaciales erróneos, islas de viviendas sin servicios, alejadas de la ciudad y con el estigma de “viviendas para pobres”, que con el paso de los años y la falta de mantenimiento se han ido degradando y no se han integrado al tejido urbano. Y por otro lado, las acciones de los actores privados y el protagonismo de las fuerzas de mercado han dado lugar a un “urbanismo cerrado”, fragmentando el tejido urbano y reforzando la polarización de clases sociales.


Urbanizaciones cerradas y asentamientos populares ¿segregados o integrados?

El periurbano de Buenos Aires no es una zona exclusivamente de contrastes. Su estructura presenta un gradiente de usos y ocupación del suelo, al que se le superpone una red conformada por urbanizaciones de baja densidad, unidas por autopistas con la ciudad núcleo, y en la que están emergiendo pueblos privados completos, que podrían posicionarse como localidades urbanas.

En esta superposición de diferentes tramas se ha ido gestando un desarrollo urbano “desparejo” según el concepto acuñado por D. Harvey[4]. Por un lado, se encuentra la fuerte oposición entre barrios cerrados de lujo y villas miseria; pero por otro, las bajas densidades de las pequeñas localidades se relacionan con las bajas densidades de las urbanizaciones que las rodean, aunque la tipología de diseño diferente presente dificultades para su integración. Esta situación alcanza su máximo gradiente en las denominadas ciudades privadas, en donde no sólo se produce un cambio de escala (existen ciudades que engloban a más de diez barrios cerrados) sino una mutación funcional y estructural: la ciudad ya no es producto de una acción colectiva, espontánea y contínua en el tiempo.

Algunas investigaciones han planteado la postura de que la región metropolitana es algo así como un conjunto de zonas verdes y zonas rojas [5]haciendo alusión al verde encerrado de las urbanizaciones privadas y a las áreas de marginalidad formadas por villas miserias y asentamientos precarios. Creemos que a este “paisaje” le falta agregar las zonas grises; o sea, todas las localidades urbanas con distintas densidades y estados de consolidación, que han quedado en muchos casos como zonas neutras con poco atractivo para las inversiones privadas y con carencia de obras públicas.

Así como en las zonas rojas se concentra la población por debajo de la línea de pobreza y/o de indigencia, y en las zonas verdes se ha producido un éxodo de clases medias altas, en las zonas grises se encuentra el resto de la población esperando un efecto de “derrame” del desarrollo que tarda en llegar (o que quizás no llegue nunca).

Al analizar las transformaciones de la región metropolitana (RMBA), se evidencia que tanto los procesos generados por el mercado, como los procesos “fuera de mercado” han marcado una impronta de urbanización diferenciada. Curiosamente la primera villa que se instaló en la Ciudad de Buenos Aires, en las cercanías del Puerto Nuevo y el primer club de campo (Tortugas Country Club) son coetáneos. Ambos aparecen en el año 1930, un momento de profunda crisis socio-económica.

“A medida que se masificaban, algunas ciudades dejaron de ser estrictamente urbanas para transformarse en una yuxtaposición de guetos, incomunicados y anómicos. […] Fue un proceso que se inició sordamente con la crisis de 1930 y que prosigue hoy, acaso más intensamente, hasta caracterizar y definir la situación contemporánea de Latinoamérica” (Romero, 1976:322).

En el breve párrafo del historiador J. L. Romero se pone de manifiesto que el fenómeno de la segregación y de la fragmentación en guetos, comienza en forma anticipada; aunque el resultado más chocante de esas transformaciones haya quedado en evidencia desde 1990 en adelante.

En efecto, la correlación entre enclaves marginales y enclaves de lujo la encontraremos en la década del 90, cuando se produjo el boom inmobiliario y cuando los asentamientos precarios volvieron a multiplicarse en forma acelerada  en el conurbano, pero esta vez albergando a grupos de nuevos pobres, población que alguna vez tuvo vivienda y empleo.

A partir del período de estabilidad económica (a principios de 1990), las inversiones inmobiliarias se multiplicaron, lideradas por grupos de empresarios locales y también con participación de capitales extranjeros; en tanto que sucesivamente los gobiernos dejaron de lado los planes de vivienda social y los municipios de  la segunda y tercera corona se vieron enfrentados a procesos de crecimiento demográfico acelerados, sin contar con instrumentos de planificación ni con recursos para absorberlos.

Las obras públicas en los municipios de la región metropolitana, hasta el presente, no han sido suficientes para paliar la situación deficitaria; pero, paralelamente, en sus territorios se han desarrollado urbanizaciones cerradas que cuentan con todos los servicios y cuya capacidad locativa dista de llegar a un punto de saturación. De tal forma que se ha ido delineando un paisaje suburbano donde conviven la precariedad y la riqueza.

Esta nueva estructura del periurbano, lleva a preguntarse si es posible encontrar algún tipo de relación entre las islas de pobreza y de riqueza, por una parte; y por otra, en qué medida ambos tipos de enclaves podrían integrarse al resto de la ciudad tradicional.

Para ejemplificar esta situación hemos seleccionado dos municipios de la zona sur (Esteban Echeverría y Ezeiza), tres de la zona oeste (Malvinas Argentinas, San Miguel y Moreno), uno de la zona noroeste (Pilar) y otro de la zona norte (Tigre) de la región. El conjunto presenta como rasgos en común el haber sufrido un acelerado proceso de crecimiento demográfico en el decenio 1991-2001 (aumentaron su población entre el 20 y el 60%); haber recibido una “oleada” de urbanizaciones cerradas y poseer altos porcentajes de población carenciada. En la Tabla 1 se han volcado algunos indicadores que permiten hacer una descripción general a nivel socio-territorial.




Tabla    1 - Indicadores socio-espaciales

Partido
Superf. (Km²)
Densidad Hab./Km²
Población
Total
Población en villas
Población NBI
Urbaniz. cerradas
Echeverría
120
2033,1
243.974
4.696
20.4
16
Ezeiza
223
532,8
118.807
18.331
26,1
14
Malvinas
63
4614,1
290.691
13.255
22,9
5
Moreno
180
2113,9
380.503
368
26,0
11
Pilar
355
654,8
232.463
s/i
24,8
117
S. Miguel
80
3163,6
251.299
21.937
18,2
15
Tigre
360
836,7
301.223
25.747
20,3
60
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos censales y de la Guía Verdecountry.com, 2006.

Las diferencias en las densidades obedecen al grado de consolidación urbana; pero hay que remarcar un hecho que modificó las condiciones de urbanización y que consistió en un ajuste de los límites jurisdiccionales de los partidos (por aplicación de la ley provincial 11.551, puesta en vigencia en 1994). Con la nueva delimitación algunos de los partidos perdieron zonas rurales y concentraron un mayor número de localidades urbanas. Por otra parte, se desprende de la tabla que el número de habitantes en asentamientos precarios también es variable, aunque las cifras de población con necesidades básicas insatisfechas son similares en casi todos.

La tabla expuesta precedentemente se complementa con la que sigue (Tabla 2) en donde hemos colocado los datos correspondientes a los porcentajes de hogares sin cobertura de servicios básicos.

Tabla  Nº 2 -  Porcentaje de hogares sin cobertura de infraestructuras y servicios


Partido
Total hogar.
Red desag
Red agua
Electr
Gas
Al. Publ.
Pav.
R.S.U
Trans-
porte
TE
Echeverría
62.922
81,87
54,4
2,4
21,0
9,9
19,6
3,5
9,4
12,9
Ezeiza
29.561
83,13
79,2
1,8
31,2
20,6
26,8
9,7
47,6
73,4
Malvinas
72.948
96,99
90,7
3,6
29,4
13,1
29,8
3,7
14,3
24,4
Moreno
95.523
75,48
53,1
3,7
55,9
19,1
18,1
8,1
9,7
20,4
Pilar
58.303
84,1
76,0
6,8
60,7
24,5
44,9
13,6
27,4
51,4
S. Miguel
65.688
62,41
63,0
2,1
17,9
7,4
14,9
3,1
5,2
13,1
Tigre
79.782
85,47
35,5
2,7
27,8
7,2
8,5
3,9
9,5
26,7

Fuente: elaboración propias con datos del Censo Nacional 2001, INDEC




Los bajos porcentajes de cobertura de las redes, en especial de provisión de agua corriente y de desagües cloacales y pluviales, obligan a los residentes a instalar sistemas individuales domiciliarios. En el caso de los desagües, por el sistema de cámara séptica y pozo negro, y para la provisión de agua, pozos de extracción y sistemas de bombeo en el predio de la vivienda.

Con excepción del tendido de redes de electricidad y del servicio de recolección de residuos sólidos, el resto de las redes que demandan obras de infraestructura costosas,  llega a menos del 60% de los hogares.

En estos escenarios urbanos degradados irrumpieron las inversiones privadas favoreciendo procesos de acumulación del capital, incorporando suelo urbano en forma ubicua; es decir, donde aparecía la posibilidad de un buen negocio inmobiliario.

Mientras tanto, el número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas creció y los asentamientos precarios se multiplicaron, como resultado de la instauración de un capitalismo a ultranza, que fue descartando del sistema a sectores cada vez numerosos de población (Svampa, 2005). 

A mediados de 2003, se publicó un estudio de la Consultora Equis (Artemio López y Asociados)[6] elaborado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, donde se destacaba que en la provincia de Buenos Aires el 21,7% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudiaba ni trabajaba; y en la Ciudad de Buenos Aires este porcentaje era del 11,9%. Estos porcentajes se agravaban por la cantidad de jóvenes entre 20 y 24 años que no habían finalizado el ciclo secundario de escolarización. En el conurbano los valores ascendían  al 58,9%. (Diario La Nación, Sección Economía y Negocios, 13/08/2003). Desde 2004 hasta el presente, tanto el Ministerio de Educación de la Nación como el de la Provincia de Buenos Aires han puesto en marcha programas de reinserción educativa, pero los porcentajes no se han modificado sustancialmente.

Esta potencial mano de obra totalmente inactiva ha quedado relegada de oportunidades dentro del circuito de la economía formal y está en inferioridad de condiciones para acceder a empleos calificados.

En consecuencia, los partidos de la región metropolitana se encuentran en condiciones socio-demográficas adversas, que se agravan con las condiciones deficitarias de las ciudades (falta de vivienda y/o de infraestructuras básicas).

Por ende, no es de sorprender que la población asentada en villas de emergencia haya seguido creciendo en el quinquenio siguiente al último censo y como bien lo sostienen los investigadores del Instituto Infohabitat de la Universidad de Gral. Sarmiento, en la actualidad, esa cifra supere los 2.000.000.

En los partidos seleccionados, los valores absolutos de viviendas “sub-estandar” revisten importancia. Hemos englobado dentro de esta categoría a la vivienda designada por el INDEC como vivienda “Tipo B”, es decir, las unidades que carecen de algún tipo de terminación (pisos de tierra, ladrillos simplemente apoyados, etc.) o de infraestructuras de saneamiento dentro de las mismas (agua por cañería, retrete, etc.)

En el conjunto de partidos, Ezeiza es el más desfavorecido con un porcentaje superior al 8% y Tigre presenta la situación más favorable con un porcentaje que ronda el 4%. En consecuencia, al número de hogares precarios de los asentamientos marginales (ranchos, casillas, etc.) hay que agregarles estos porcentajes de viviendas que se encuentran dentro de las áreas urbanas, pero que en algunos aspectos son deficitarias.

Cabe agregar que buena parte de las inversiones en obras públicas se destinaron a sectores clave para el desarrollo de las inversiones inmobiliarias: infraestructuras viales y comunicaciones. Los negocios de bienes raíces resultaron mucho más atractivos para el capital ocioso, que otro tipo de inversiones. De esta forma, las operaciones inmobiliarias en los municipios periféricos pudieron apropiarse de suelos de alta aptitud  agropecuaria. La rentabilidad de los proyectos residenciales resultó ventajosa tanto para los emprendedores como para los propietarios de fracciones rurales.

Pero los emprendimientos inmobiliarios también buscaron las tierras baratas y para ello recurrieron a los partidos más alejados, en donde las áreas inundables y los basurales a cielo abierto formaban parte del entorno de las ciudades. Y es en este entorno, rural en algunos casos, híbrido y degradado en otros, donde coinciden en la localización los enclaves de lujo y las villas miseria.

De acuerdo con estudios realizados[7], el segundo momento de crecimiento de villas y asentamientos precarios en la RMBA comenzó después de finalizada la dictadura militar (en los primeros años de la década de los 80). Hasta ese entonces los sucesivos gobiernos de facto habían desmantelado y erradicado asentamientos, expulsando a sus pobladores más allá de las adyacencias de la Ciudad de Buenos Aires.

El aumento de la población en “villas miseria” se aceleró en la década del 90, por converger en dichos asentamientos pobres estructurales, nuevos pobres (sectores de clase media baja) e inmigrantes, en su mayoría, de países limítrofes. Al presente, no existe ningún partido en las dos primeras coronas de la región sin villas ni asentamientos precarios; y en la tercera corona, aunque la cantidad de asentamientos es menor, la población en barrios pobres ocupa un porcentaje elevado (en Pilar, por ejemplo, llega casi al 30%).

De los siete ejemplos expuestos, el partido de Tigre es el que posee el menor porcentaje de población asentada en villas. No obstante, en el sector de islas parte de la población habita en viviendas que podrían calificarse como subestandar y los servicios y las infraestructuras son altamente deficitarios. En investigaciones precedentes (Vidal-Koppmann, 2008) se pudo comprobar que la superficie privatizada abarcaba un 40% del territorio del municipio.

Esta situación ha generado opiniones dispares según los actores consultados. Las autoridades municipales del área de Planeamiento se mostraron conformes, por entender que las tierras donde se localizaron los dos mayores megaproyectos (Nordelta y Villanueva) eran bajas e inundables; y en la actualidad, constituyen zonas de recuperación urbana.

Contradicen esta opinión, los estudios realizados por especialistas en materia ambiental, que destacan que el movimiento de tierras y los polders ejecutados en estos dos mega-proyectos inciden desfavorablemente en el resto del territorio.[8]

En el territorio del municipio de Tigre puede observarse como importantes superficies se han transformado en urbanizaciones cerradas; y también pueden verse “pegados” a estos emprendimientos, los asentamientos marginales.

Dada esta posición de vecindad, nos pareció importante indagar sobre la existencia de algún tipo de integración que no pasara simplemente por los empleos individuales que los habitantes de los asentamientos podrían realizar, eventualmente, en los barrios cerrados.

Al respecto se constató que las dos empresas que llevaron a cabo los mega-proyectos han realizado algún tipo de acción comunitaria.

La empresa Nordelta S.A. organizó paralelamente una Fundación homónima sin fines de lucro, cuya finalidad ha sido propender a la mejora de la calidad de vida de barrios carenciados. Para ello implementó programas en las áreas de Salud, Capacitación Laboral, Educación y Desarrollo Comunitario. Hasta el presente estas acciones se han centrado en el Barrio Las Tunas de la localidad de Gral. Pacheco, que debe aclararse que no es una villa de emergencia sino una barriada humilde y en donde, además, otras organizaciones no gubernamentales han implementado programas de desarrollo local.

La otra empresa desarrolladora, EIDICO S.A., ha realizado eventos familiares dentro del Complejo Villanueva para luego donar la recaudación a Cáritas[9] y otras instituciones católicas para obras de beneficencia; y en 2006, concretó la Fundación Oficios.

Dentro del ámbito de esta asociación se ha creado la Mesa de Desarrollo Social, con el objetivo de relevar los barrios con necesidades más acuciantes y colaborar comunitariamente con ellos. El emprendimiento que ha resultado exitoso ha sido la capacitación de pobladores en oficios tales como albañilería, armado de encofrados de obras, hormigón, etc. La idea básica consiste en aprovechar el capital social del partido para la satisfacción de las necesidades emergentes.

El segundo caso-testigo está ubicado en la zona oeste de la RMBA. El municipio de Moreno cuenta con once urbanizaciones cerradas (el Club de Campo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es una de las de mayor superficie y de alto grado de consolidación), y con una población carenciada que casi alcanza el 30% con respecto al total de habitantes del partido.

El diagnóstico al año 2006 elaborado por fuentes municipales destacaba que:

“Los hogares que presentaban un indicador de privación relacionado con la vivienda (tipo de vivienda o hacinamiento) ascendían a 11.706 (72,2% del total de hogares NBI), mientras que 2.822 hogares (17,4% del total de hogares NBI) presentaban una combinación de los dos indicadores (tipo de vivienda y hacinamiento) y en 210 hogares (1,3% del total de hogares NBI), a los indicadores de privación relacionados con la vivienda se sumaban necesidades insatisfechas asociadas con las condiciones sanitarias” (Página web del municipio de Moreno, Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, 2006).


La situación habitacional deficitaria se vio agravada en el último decenio por el crecimiento de la población equivalente a un tercio de la que se contabilizaba en el partido a principios de la década del 90.

En el municipio de Moreno se puede observar que las villas de emergencia se encuentran diseminadas en las diferentes localidades urbanas y que sólo tres de ellas están ubicadas en relación de vecindad con urbanizaciones cerradas.

En este caso no pudimos encontrar acciones comunitarias desde las urbanizaciones cerradas hacia el entorno. Las acciones  concretas para combatir el déficit de empleos y de viviendas provienen del municipio. El Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR) tiene por objetivos: administrar y recuperar espacios públicos; articular las relaciones público/privado; incrementar la conectividad del territorio; posibilitar las acciones de concertación; etc.

A su vez, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) cumple la finalidad de formular, ejecutar y supervisar políticas, programas y proyectos para el fomento del desarrollo económico y social y para la inserción de los habitantes en el mercado laboral.

A diferencia del caso anterior, el número de urbanizaciones, la potencial cantidad de habitantes en las mismas y la superficie ocupada están por debajo de la población concentrada en las localidades urbanas del municipio.

El último ejemplo seleccionado, el partido de Esteban Echeverría, pertenece al sur del conurbano. El área urbanizada se halla concentrada en la zona norte y central del territorio, quedando en la zona sur importantes extensiones de tierras sin lotear con usos agrícolas y con bosques de talas.

La concentración de barrios cerrados y clubes de campo se da en las proximidades de la localidad de Canning, en el sur del partido. Hasta el presente se han desarrollado doce emprendimientos en dicha zona y cuatro en la zona norte aledaños a la ciudad cabecera (Monte Grande). Los mismos configuran un mega-emprendimiento de barrios cerrados y equipamiento comunitario interno.

Las villas de emergencia y los asentamientos precarios se encuentran ubicados en su mayoría hacia el noreste del municipio y en relación de vecindad con la ciudad de Monte Grande. En la zona sur, se ha detectado en el entorno inmediato a las urbanizaciones cerradas, la presencia de basurales clandestinos a cielo abierto. En la zona norte y en proximidad con los asentamientos marginales, se encuentra el resto de los basurales, generando situaciones de alta contaminación ambiental para los habitantes de los núcleos cercanos.

En Echeverría, como en los casos anteriores, buscamos elementos de integración entre las urbanizaciones nuevas y los asentamientos precarios. En el intento apareció una relación de integración de los barrios cerrados con la ciudad tradicional.

A principios de 2000, la localidad de Canning sufría los inconvenientes de no contar con calles pavimentadas. Las calles de tierra, con profundos baches, se inundaban e impedían una normal circulación de vehículos y personas. De común acuerdo, las doce urbanizaciones privadas de la zona decidieron pedir presupuestos y recolectar el dinero para encarar las obras de mejora. Si bien las circulaciones fueron un beneficio para los accesos a los barrios privados, también los vecinos de la ciudad abierta se vieron favorecidos. La municipalidad intervino en esta operación proveyendo el proyecto y la dirección de la obra.

Otras de las mejoras para esta localidad de alrededor de 12.000 habitantes (sin contar con la población de las urbanizaciones), consistieron en la radicación de bancos, supermercados y colegios privados a consecuencia del “efecto country”; y la propuesta de nuevas acciones para organizar el proyecto de alumbrado de calles con cableado subterráneo.

Destacamos este ejemplo, ya que nos pareció un interesante caso de articulación entre actores privados y públicos, que al igual que en Moreno, Tigre, Malvinas Argentinas y otros municipios que no hemos incluido, podrían marcar rumbos hacia una planificación de concertación y negociación.

Sintetizando, la relación entre las villas y las urbanizaciones cerradas es un tema que merecería un tratamiento en profundidad, ya que ambas formas de hábitat constituyen los extremos opuestos de un mismo fenómeno: la segregación. En el caso de las urbanizaciones esa segregación parte de una elección individual acerca del estilo de vida, en el caso de los asentamientos marginales es la única opción para la mayoría de las familias que los habitan.

Entre ambos extremos hay situaciones de conflictos latentes que suelen estallar cuando el sistema comienza a desequilibrarse. La inequidad socio-ambiental podría calificarse como una “bomba de tiempo”, lista para explotar en algún instante. Por el momento, el equilibrio aparentemente se está sosteniendo con acciones comunitarias organizadas desde las urbanizaciones privadas hacia los barrios carenciados. La profundización del estudio de esos intercambios tal vez permitiría saber si realmente están armando una nueva red de relaciones entre actores, o si no se trata de seguir estructurando sistemas de ayuda sobre la base del asistencialismo, como parte de una estrategia de no agresión.


Tensiones socio-territoriales entre actores públicos y privados

Como se señalara en el apartado anterior, las transformaciones operadas en la dimensión territorial han vuelto visibles los cambios en la dimensión socio-económica, expresando con mayor fuerza los fenómenos de polarización. La fragmentación del territorio en enclaves de riqueza y de pobreza y la nueva estructura delineada en la amplia franja periurbana de la región, hace necesario rever las relaciones entre actores públicos y privados. Para plantear esta situación relataremos brevemente varios ejemplos en donde aparece en forma nítida la confrontación público / privado.

Episodio I:
“Las obras de las urbanizaciones perjudican barrios aledaños”

El primer ejemplo se inscribe dentro de una dimensión ambiental, ya que está relacionado con los perjuicios de las nuevas zonas desarrolladas, en detrimento de los barrios aledaños.

Este caso fue planteado por los vecinos de los barrios Carabassa y Río Luján (Municipio de Pilar), los cuales se han visto afectados por frecuentes inundaciones debido al relleno de tierras efectuado por un emprendimiento cerrado lindero. En efecto, la transformación del relieve río arriba ha modificado el curso de las aguas. Los moradores de estos barrios comenzaron a sufrir anegamientos en sus jardines y aún dentro de sus casas, a partir del comienzo de las obras de nivelación y aterraplenamiento de suelos del barrio privado en cuestión. El ejemplo no constituye un caso aislado: en distintos municipios se han observado situaciones similares, algunas veces denunciadas por asociaciones vecinales de fomento o por organizaciones no gubernamentales.

Debemos remarcar que aunque cada proyecto privado tiene que realizar un trámite ante la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires y contar con la aprobación del mismo; existe un decreto provincial al que adhirieron la mayoría de los municipios de la región (Decreto 1720/02) que habilita a la empresa desarrolladora a comenzar con los primeros trabajos sobre el predio, antes de tener la aprobación provincial definitiva.

Las transformaciones sobre el territorio y el medio ambiente no son un tema menor. En Tigre y en algunos otros partidos de la región se han efectuado investigaciones para evaluar el daño ambiental ocasionado por la creación de lagunas artificiales, el desvío de cursos de agua, la modificación de la topografía, etc.[10] Estamos en condiciones de afirmar que el número de emprendimientos asentados en algunos partidos (Pilar, Escobar, Tigre, Luján, ejemplos de que han recibido las mayores transformaciones) merecería un estudio de evaluación de impacto en conjunto y no sólo de los proyectos en forma aislada.

Episodio II:
“Las urbanizaciones frenan el desarrollo territorial”

El segundo ejemplo pretende mostrar cómo la fragmentación del territorio incide sobre cuestiones de ordenamiento territorial.

Un caso conflictivo quedó en evidencia cuando la traza de las líneas de alta tensión de un electroducto afectó el predio de tres urbanizaciones privadas en el municipio de Pilar.

El corredor eléctrico proveniente de la usina de Yacyretá[11] (provincia de Corrientes), debía unir los partidos de Campana y Gral. Rodríguez (ubicados respectivamente al norte y oeste de la RMBA), pasando un tramo por Pilar. Este tramo de la obra demandó una inversión de 2.400 millones de pesos [12] y en principio, su trazado no representaba  un problema ya que la zona propuesta estaba bajo el “régimen de servidumbre administrativa de electroducto”; pero a pesar de ello, aparecieron objeciones en los countries, negándose a conceder los permisos para realizar las tareas de agrimensura. Según fue publicado por un diario de circulación nacional, sobre un total de 158 parcelas sólo el 14,5% de los propietarios habían prestado su conformidad.

Este tipo de obras, en general, se planifica en áreas rurales, pero en el caso de Pilar, los fraccionamientos ocupados por urbanizaciones, no dejaron otra alternativa que atravesarlas.

Otra situación de diferentes características, pero que también afecta la articulación privado/público en relación con el ordenamiento territorial, es la localización de urbanizaciones cerradas, adosadas unas a otras, formando una “barrera” entre localidades abiertas. En algunos casos, pequeños pueblos que mantenían una comunicación cotidiana han quedado separados por efecto de la falta de planificación.

Episodio III:
“El espacio privado se apropia de los espacios públicos”

Uno de estos episodios ocurrió en el año 2004, en el municipio de Pilar, cuando en sesión extraordinaria las autoridades aprobaron la venta de terrenos fiscales, calles y una avenida, a cuatro clubes de campo (Tortugas, Highland Park, Los Lagartos y Mapuche[13]). Los concejales aprobaron la desafectación al dominio público municipal de espacios circulatorios y fiscales, ubicados dentro de los countries, y su venta directa a los propietarios de los mismos.

El rechazo de los vecinos no residentes en urbanizaciones cerradas hacia esta medida fue inmediato, denunciando ante los medios de comunicación la situación fraudulenta, avalada por la decisión de sus legítimos representantes. Por el contrario, los residentes de las urbanizaciones cerradas consideraron que esta medida era ventajosa para conservar las condiciones de privacidad de sus barrios.

En la mayoría de los casos se puede observar que las calles y espacios públicos privatizados muy difícilmente permitirán una integración a futuro de las urbanizaciones con las localidades tradicionales vecinas.

La venta de calles y espacios públicos encerrados dentro del espacio de urbanizaciones privadas, está contemplada en uno de los artículos del decreto Ley de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial; sin embargo, aunque la venta en sí no constituye una situación de ilegalidad, las consecuencias de la misma agudizan una situación de ruptura con la trama  urbana.


Episodio IV:
“El efecto contagioso del cerramiento urbano”

El impacto de las urbanizaciones cerradas ha generado una “onda expansiva”, que multiplica el fenómeno del cerramiento reproduciendo situaciones de segregación socio-territorial. El efecto de contagio se evidencia en algunos barrios residenciales abiertos que decidieron cerrar su perímetro y colocar personal de vigilancia privada en su interior y en el control del acceso.

Un ejemplo de esta situación es el Barrio Parque Almirante Irizar, localizado en las proximidades del parque industrial de Pilar. Su fundación data de 1974, y originalmente  fue concebido como una zona de casas-quinta emplazadas en lotes de dimensiones generosas.

El loteo abierto del barrio sufrió una modificación en 1998 cuando se instaló alrededor del predio de 12 hectáreas un alambrado olímpico. Este vallado encerró calles públicas  y se hizo sin la debida autorización municipal. En la entrada del barrio se construyó una garita de vigilancia para controlar el ingreso de residentes y visitantes. Se ha podido verificar, asimismo, que en las guías inmobiliarias, los lotes se comercializan como si fuera un barrio cerrado.

Este caso tomado a modo de ejemplo en Pilar, se replica en otros municipios (Malvinas Argentinas, San Isidro, etc.). Situaciones de similares características partieron de acuerdos de vecinos para afrontar los costos materiales del cerramiento y luego, si el caso lo requería, gestionaron su “legalización” ante el municipio.


A modo de conclusión

El avance de las urbanizaciones privadas generando suburbios cerrados de manera indiscriminada, nos mueve a hacer algunas reflexiones acerca de la articulación entre territorios privados y públicos, por un lado; y entre actores de diferente naturaleza, por otro.

En primer término, cabe destacar que la privatización de la ciudad no sólo abarca la función residencial. Paulatinamente, esta privatización se ha extendido a otras actividades (espacios de recreación, de consumo, culturales, etc.) y la ciudad como espacio público ha mutado.

Los nuevos espacios urbanos, diseñados y gestionados por actores privados, no pueden considerarse rigurosamente como “espacios públicos”, sin embargo, parecería que van reemplazando a los componentes tradicionales: la plaza, la calle peatonal comercial, las áreas recreativas, etc. La noción de espacio público va quedando relegada a unos pocos  elementos fijos, en particular a aquellos que permiten la conectividad entre sectores urbanos (redes de circulación, por ejemplo).

La focalización de las inversiones privadas hacia las áreas de centralidad emergente y los conjuntos residenciales cerrados, ha dejado de lado zonas urbanas que podrían mejorar sustancialmente con la construcción de nuevos equipamientos, el refuerzo de los existentes y con operaciones de recuperación del hábitat.

En segundo lugar, hay que remarcar que los equipamientos básicos (salud, educación, abastecimiento), y de infraestructura y servicios, provistos y gestionados en forma privada, están diseñados para cubrir las necesidades de los nuevos residentes de barrios cerrados y clubes de campo. En muy pocos casos se han extendido hacia la ciudad abierta. De tal manera que en la periferia pueden encontrarse municipios “fragmentados” en materia de cobertura de redes y servicios,

Como ejemplos pueden mencionarse los casos de Pilar o de Tigre, donde las ciudades cabeceras (sedes de los gobiernos locales) presentan bajos porcentajes de cobertura; mientras que la totalidad de los conjuntos residenciales privados, localizados dentro de su jurisdicción, están perfectamente equipados y servidos. Esta situación ha sido verificada en la totalidad de los partidos donde se insertan las urbanizaciones privadas.

La inexistencia de una articulación entre los servicios públicos del entorno y los que poseen las urbanizaciones, ha sido constatada en algunos casos de estudio. Los niveles de cobertura y de prestación, ponen en evidencia situaciones de disparidad e inequidad. La prestación de servicios de empresas privadas, cubre el 100% de los requerimientos de los usuarios en las nuevas urbanizaciones. Por el contrario, la cobertura en las áreas residenciales abiertas sólo llega al 20% o 30%, y no existe en las zonas más desfavorecidas.

Vivir en una zona residencial con servicios o sin ellos sólo dependerá de la posibilidad económica de cada familia. Este desequilibrio evidente podría subsanarse con una redistribución de los impuestos mediante un adecuado plan de obras públicas. O bien, con mecanismos de concertación entre actores públicos y privados.

En tercer lugar, cabe mencionar la relación directa entre las urbanizaciones cerradas y la privatización de la seguridad.

Al respecto, puede afirmarse que no se han detectado urbanizaciones que no dependan de la contratación  de agencias de seguridad privada. Más aún, en los barrios cerrados y clubes de campo de mayor nivel económico, aparece la figura nueva del “gerente de seguridad”. En párrafos anteriores, hemos mencionado el ejemplo de barrios abiertos “que daban la imagen de un barrio cerrado” y la explicación de esta circunstancia era atribuida a la presencia de dispositivos de vigilancia. .

No obstante, debemos llamar la atención sobre dos aspectos que merecerían estudios posteriores en detalle: uno está referido a la relación directa entre el aumento de las urbanizaciones y el crecimiento de las agencias de seguridad privada; y el otro, a la falta de supervisión de estas agencias por parte del Estado.

En relación al primer punto, cabe señalar que el incremento de los delitos en las áreas urbanas y la falta de confianza de la población en los sistemas de seguridad pública, ha sido uno de los factores de crecimiento de agencias paralelas para la custodia de bienes y personas. Actualmente, se estima que las agencias de seguridad duplican en personal a los cuadros oficiales.

Por otra parte, la creciente violencia urbana ha sido uno de los factores condicionantes del desarrollo de las urbanizaciones cerradas.

En cuarto lugar, es preciso poner el énfasis en los aspectos legales inherentes a la articulación física de las urbanizaciones y de las nuevas áreas de centralidad con su entorno inmediato; ya que analizando la normativa urbanística vigente aparecen importantes cuestiones sin resolver, tales como la separación entre conjuntos residenciales, el cerramiento de clubes de campo, la cesión de tierras, la desafectación de espacios públicos, etc., entre otras.

Consecuentemente, tanto en la dimensión que atañe directamente a los actores como la que se relaciona con el territorio, se advierten falencias que agravan la desarticulación entre el “mundo privado” y lo que lo rodea. Los mecanismos de intervención para evitar esta separación por el momento no han resultado eficientes.

En último término, nos resta plantear la problemática de la privatización de la gobernabilidad en las urbanizaciones cerradas. En esta cuestión aun no se han definido con claridad las interacciones entre actores públicos y privados.

La concentración de barrios cerrados y la formación de localidades privadas no es por el momento una figura jurídica contemplada en la legislación provincial y/o nacional.
La organización y administración de estas localidades y su articulación con el gobierno municipal, no ha sido determinada. Actualmente, existen comisiones de vecinos residentes, empresarios y administradores que concurren a las reuniones en sus respectivos municipios, como si fueran los legítimos representantes de estas comunidades; y asociaciones de tipo corporativo, que participan en el tratamiento de asuntos que involucran sus intereses (seguridad, revalúos urbanos, impuestos, etc.).

Las tendencias de expansión de urbanizaciones privadas continúan hasta el presente; y las tipologías con mayor difusión son aquellas que consumen fracciones de gran superficie (mega-emprendimientos), y que además, funcionalmente pretenden ostentar la condición de ciudad (ciudad pueblo, ciudad verde, pueblos privados, etc.). Se agrega a la consolidación de los emprendimientos privados, el reconocimiento de los mismos por la provincia y los municipios como localidades privadas. Por ende, es válido preguntarse si en una ciudad privada debería existir una delegación municipal, o que tipo de organismo institucional correspondería, para articular las relaciones entre el ámbito privado y el público.

Los mecanismos de intervención de algunos actores privados a través de asociaciones, o bien como representantes de facto de distintos sectores de la comunidad, nos llevan a reflexionar acerca de cómo deberían incorporarse en cuanto a su participación en la gestión urbana.

Hasta el presente, se ha relevado la participación de los mismos bajo la forma de asociaciones y fundaciones, que han asumido funciones descentralizadas para agilizar la administración municipal. Su trabajo en estudios de análisis y diagnóstico urbano, la formación de comisiones de planeamiento y otras propuestas por el estilo, es discutible ya que en algunos casos, la colaboración queda circunscripta al grupo de actores que detentan el poder económico.

Por otro lado, la participación de los actores privados en el nuevo contexto parecería inevitable, puesto que los mismos se han adelantado con la transformación de los escenarios tradicionales, y se sienten definitivamente involucrados con el proceso urbanizador. Sin embargo, los actores públicos deberían cobrar protagonismo como genuinos representantes de la sociedad civil y liderar la articulación entre el sector público y el sector privado, sobre la base de una concertación de intereses.

El urbanismo estratégico y participativo debería apoyarse en mecanismos de negociación, y en la articulación de programas, proyectos y acciones concertadas, dentro de una visión integral de esta nueva realidad metropolitana, donde la brecha entre ricos y pobres marca la fragmentación del tejido social y urbano.


Bibliografía citada:

PIREZ, Pedro. Buenos Aires metropolitana. Política y gestión de la ciudad. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1994. 184p. ISBN 950-25-1352-6
ROMERO, José Luís. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1976. 397 p.
SVAMPA, Maristella. La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires: Taurus, Alfaguara, 2005. 346 p. ISBN 987-04-0232-1.
VIDAL- KOPPMANN, Sonia. “Dinámica de las urbanizaciones cerradas en la reconfiguración de la periferia metropolitana de Buenos Aires”. En PEREIRA P. C. e HIDALGO, R. (Eds.) Producción inmobiliaria y reestructuración en América Latina. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Sao Paulo, 2008. 348 p. ISBN 978-956-14-1002-2.


[1] Partido es la denominación que adopta la subdivisión político-administrativa de la provincia de Buenos Aires. Los límites de cada uno de ellos coinciden con los límites municipales. Poseen un gobierno comunal y son una unidad de planeamiento local.
[2] Según los datos del Instituto Nacional de estadísticas y Censos y de las direcciones de estadísticas locales, los porcentajes de población NBI alcanzan casi al 30% de la población y la cobertura deservicios básicos es menor del 40% en las localidades urbanas.
[3] Plan Estratégico Nacional, Ministerio Federal de Planificación, 2006.
[4] Entrevista a David Harvey, Revista Ñ, 21/10/2006.
[5] Esta denominación aparece en el artículo “Imaginarios urbanos en zonas verdes y zonas rojas de la Región Metropolitana de Buenos Aires” de M. F. Girola, Cuadernos de Antropología Social nº 20, julio/diciembre de 2004.
[6] Consultora privada dirigida por el Lic. Artemio López, especializada en encuestas y estudios socio-económicos.
[7] Ver Capítulo ”La geografía de los asentamientos precarios”, de M. Nistal y S. Vidal en “Hacia la gestión de un hábitat sustentable”, Ed. Nobuko, Bs. As., 2005.
[8] Sobre el tema puede consultarse la tesis de Licenciatura de Diego Ríos “Vulnerabilidad, urbanizaciones cerradas e inundaciones en el partido de Tigre durante el período 1990-2001” (Dir. Claudia Natenzon), Buenos Aires abril de 2002. Instituto de geografía de la FFyL de la Universidad de Buenos Aires.
[9] Institución católica de beneficencia.
[10] Las investigaciones realizadas por el Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente (PIRNA, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía, UBA) dirigido por la Dra. Claudia Natenzon, ha estudiado los efectos de las urbanizaciones cerradas con relación a los fenómenos de inundación en las zonas aledañas. 
[11] Obra hidroeléctrica de gran envergadura ubicada en el nordeste argentino.
[12] Cifra equivalente a 800 millones de dólares.
[13] Los countries mencionados son los más antiguos del partido y los más consolidados en términos de población residente. Asimismo son los que cobran las cuotas de asociación más altas para mantener su carácter de exclusividad.


Extraído de Liberali, Ana y Omar Gejo (directores) (2010) La Argentina como Geografía. Procesos Productivos e Impacto Social (1990-2008). Universidad Nacional de Mar del Plata. Universidad Nacional de Luján. Centro de Estudios Alexander von Humboldt. Unión Geográfica de América Latina. Red Latinoamericana de Estudios Geográficos de la UGI. Buenos Aires. ISBN 978-987-97685-5-6; pp. 249-274.