Jorge Osvaldo Morina
Beatriz Goldwaser
1. Introducción
En el presente trabajo, nos proponemos presentar e interpretar series de datos concretos que denuncian los resultados de la aplicación del sistema de poder neoliberal en Argentina, a lo largo de las últimas tres décadas. Habiendo estudiado en profundidad el período que se inicia alrededor de 1975, con énfasis en las transformaciones económicas y sociales, en el marco de proyectos de investigación finalizados y en curso1, en esta oportunidad pretendemos reflejar algunos aspectos de las graves desigualdades sociales que permiten caracterizar a la formación socio-espacial nacional como extremadamente dependiente y periférica en el concierto internacional. Para ello, utilizamos información sobre pobreza e indigencia por ingresos2, desempleo, evolución del salario real, evolución del PBI per cápita y brecha de ingresos entre los grupos extremos de la población perceptora. En general, seleccionamos datos correspondientes a la década de 1990 y al inicio del siglo XXI. Sin embargo, en ciertas variables, hemos entendido importante incorporar datos de las décadas previas.
Esa información, a escala nacional y en algunos casos con la desagregación a escala provincial, es contextualizada en el marco del endeudamiento externo, especialmente en su carácter de instrumento de control y dominación. Con más precisión, queremos significar que la deuda externa y los compromisos externos derivados de ella, han llevado a nuestro país a la aplicación de políticas económicas antinacionales y antipopulares desde mediados de la década de 1970. En esa aplicación de políticas, que conformarían sucesivos planes económicos componentes del denominado “ajuste estructural”, jugarían un papel determinante las siempre aceitadas relaciones entre la élite dominante local y los consorcios representativos del poder económico y financiero transnacional, con la activa participación de los aparatos de Estado de los países más industrializados y de los organismos supuestamente multilaterales (como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, para nuestra América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo). Es por esto que consideramos vigente aquella lectura que hacía R. Puiggrós cuando señalaba que las causas externas intervienen en los cambios sociales por intermedio de las causas internas (Puiggrós, 1974).3
En este apartado, avanzamos en una aproximación a las relaciones existentes, a escala internacional, entre los procesos de endeudamiento externo, las funciones básicas de organismos como el FMI y el Banco Mundial, y la implementación de políticas económicas de escala nacional componentes de sucesivos planes de ajuste y disciplinamiento social.
Debemos señalar que la frase “programas de ajuste estructural” aparece en las recomendaciones del FMI y el BM tanto para países industrializados, del Tercer Mundo, como para países del otrora mundo socialista. La ola neoliberal promueve un conjunto más o menos homogéneo de recetas. En el Norte, se trata de romper barreras institucionales y disminuir conquistas sociales que habían acompañado el “éxito” sostenido de la posguerra, dado que éstas estaban dificultando las condiciones de rentabilidad en tanto obstáculos a la acumulación capitalista.
En el Sur, la intervención del Estado bajo todas sus formas (menos las que apuntalan al capital concentrado), se transforma en el blanco de las “cartas de intención” discutidas por el FMI con los países endeudados que reclaman arreglos muy a menudo conocidos como “renegociaciones” (Coutrot; Husson, 1993). En escueta síntesis, el ajuste estructural es considerado con frecuencia, como subdividido en dos fases. Primero, la estabilización macroeconómica “a corto plazo”, comprendiendo la devaluación, la liberalización de los precios y la austeridad fiscal, seguida luego por la puesta en marcha de un conjunto de reformas estructurales que se presentan como “fundamentales” y “necesarias”. Sin embargo, en algunos casos, estas reformas estructurales son ejecutadas paralelamente al proceso de “estabilización económica” (Toussaint, op. cit).
Si bien las relaciones del FMI con los países de la Periferia son antiguas, en la década de 1980, después de la emergencia de la crisis de la deuda, el organismo les consagra buena parte de sus actividades y gana en poderío. El BM aumenta su intervención desde fines de los setenta. Es también a principios de los ochenta que FMI y BM conforman una dupla para administrar la crisis de la deuda y poner en marcha las políticas de ajuste. Al mismo tiempo, se transforman en grandes recaudadores de las deudas (Toussaint, op. cit.). Los objetivos declarados y declamados de retorno al crecimiento nunca se alcanzan en forma duradera, mientras la inestabilidad financiera se desarrolla en buena medida por la aplicación de esas políticas. Ya en los años noventa, más claramente con la crisis mexicana de 1994, el FMI toma preponderancia en la definición de políticas a seguir, lo que resulta confirmado con la crisis asiática de 1997/1998. El BM tiene preeminencia en lo concerniente a los países más pobres, las relaciones con las ONGs (para “recuperarlas”) y a los programas puntuales y restringidos dirigidos a sectores muy acotados de población pobre.
Ahora bien, debemos preguntarnos a qué deben ajustarse los países periféricos? Si admitimos que el sistema económico mundial está jerarquizado, y que las naciones subdesarrolladas no pueden imitar políticas seguidas hace tiempo por las más industrializadas (o desarrolladas), tenemos que entender que el ajuste estructural no ofrece perspectiva alguna de desarrollo.
Los estatutos del FMI estipulan todavía que debe “adoptar políticas que ayuden a sus miembros a resolver sus problemas de balanza de pagos y que tomará las medidas apropiadas para el uso temporal que será hecho de sus recursos”. En virtud de ello, el FMI interviene directamente en la determinación de las políticas económicas de los países prestatarios (Toussaint, op. cit.).
Con respecto a la deuda, según el FMI, sus programas de ajuste constituyen la garantía de que un país podrá seguir pagando. La gran prioridad de estos programas son las recetas exportadoras. Pero las divisas ingresadas por exportación deben ser adquiridas por los Estados para afrontar sus compromisos externos. Para ello, necesitan ajustar a “cualquier precio” (caída de las partidas de educación, salud, ciencia y tecnología, etc.). Claro está, las tareas del FMI requieren de colaboración interna en cada país, que llega de las élites dominantes conformadas por los grandes capitalistas locales o extranjeros y la alta jerarquía de las burocracias estatales. El triple acceso al control de los medios de producción, comunicación y coerción-represión por parte de esas élites, se ve garantizado y se refuerza trabajando en pro de una dependencia cada vez más acentuada.
Sobre lo anterior, y con especial referencia al caso argentino (no sólo a él), “cabe señalar que las condiciones que hicieron posible la repetición sistemática de políticas que demostraron fracasos y sin embargo continúan, no deben restringirse al accionar del FMI. Es evidente que el organismo internacional actúa en articulación con coaliciones de fuerzas domésticas que permiten la aplicación de sus recetas. En este sentido, el predominio en nuestro país de una cúpula empresarial fuertemente transnacionalizada (no sólo en lo relativo a los capitales extranjeros sino también en lo referente a los grupos de capital local que exhiben fuertes inversiones financieras, comerciales y productivas en el exterior) explica la relevancia que para ésta comporta el mantenimiento de buenas relaciones con el organismo internacional” (Hourest; Lozano, 2002: 39).
Porque los países están endeudados, el FMI y el BM pueden obligarlos (en una suerte de chantaje económico) a reorientar de manera “apropiada” su política macroeconómica conforme a los intereses de los acreedores internacionales.
El objetivo consiste en imponer una relación de legitimación del servicio de la deuda manteniendo a las naciones deudoras en una sujeción que les impide embarcarse en una política económica nacional independiente (Chossudovsky, 1997). El país que rehusa aceptar las medidas de política “correctiva” del FMI encuentra dificultades para remodelar su deuda y/o para acceder a nuevos préstamos. El Fondo también puede desestabilizar una economía nacional bloqueando el crédito de corto plazo que sostiene el comercio de bienes de uso corriente. Con frecuencia, ambos organismos han sido solicitados por los poseedores de capitales del Norte para recuperar las “malas deudas” debidas a los bancos comerciales.
La refinanciación de deudas antiguas por las instituciones financieras internacionales fue un medio para obligar a los países del Tercer Mundo a pagar sus deudas y también los retrasos de sus deudas. Por ejemplo, tras los levantamientos reprimidos con sangre en Venezuela, en 1989, cuando tuvo lugar la conversión de sus “malas deudas” con los bancos de New York en acciones de garantías para los organismos “multilaterales”, no hubo un solo dólar del conjunto de medidas de socorro del FMI y del BM que haya entrado realmente en Venezuela (Toussaint, op. cit.). Al terminar el siglo XX y comenzar el XXI, los préstamos masivos concedidos a Corea, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Brasil (1999 y 2002/2003), Argentina y Turquía (2000), por el FMI, el BM y otros prestamistas, estuvieron destinados a reembolsar la deuda de corto plazo de esos países, y sobre todo de sus empresas privadas, a los acreedores del Norte y de la región.
Los préstamos de estas instituciones son acordados bajo la forma de apoyo a la balanza de pagos. Es decir, son capitales a corto plazo para financiar importaciones o reembolsar deudas. Están invariablemente acompañados de condiciones a cumplir. Se considera que cada gobierno debe adoptar de manera satisfactoria el “programa secreto” del FMI antes de entablar negociaciones formales sobre el préstamo (Chossudovsky, op. cit.; Toussaint, op. cit.). Acordado el préstamo, las realizaciones políticas son controladas de cerca todos los trimestres por las instituciones de Washington. Los desembolsos pueden interrumpirse si las reformas (programas de estabilización económica y de reformas de la estructura económica) no marchan como se pretende.
El vínculo entre ambas instituciones (FMI y BM) es estrecho a la hora de poner en marcha y controlar el cumplimiento de los programas que impulsan. El FMI se ocupa de negociaciones claves de política estructural, a la luz de las tasas cambiarias y el déficit presupuestario. El Banco Mundial, por su parte, está implicado en las reformas estructurales a través de sus oficinas en cada país, además de estar presente en la mayoría de los ministerios que establecen el marco del ajuste estructural. De ese modo, controla las reformas en salud, educación, agricultura, transporte, etc.
A partir de la enorme responsabilidad de estos organismos en una sucesión de profundas crisis entre 1994 y 2002 (segunda crisis mexicana, arrastrando la de Argentina, crisis del Sudeste y Este de Asia, crisis de Rusia, crisis de Brasil, crisis de Turquía, más las de Argentina de fines de 2000 y principios de 2001, y de fines de 2001 y todo 2002), han entrado en un cuestionamiento de su legitimidad sin precedentes. Innumerables manifestaciones de oposición hacia ellos se desarrollan tanto en los países sometidos a sus políticas (como dijimos, con la anuencia y complicidad del poder económico, financiero y político de cada nación), como en los más industrializados.
De todos modos, y a propósito de su importante nivel de protagonismo en dichas crisis, hay que decir del FMI que, si bien es cierto que evidenció una inoperancia notable para prevenirlas, “no es menos cierto que la aplicación draconiana de sus políticas con posterioridad al estallido recondujeron a esas economías al circuito de pagos internacionales. Dicho más claramente, la inutilidad en la prevención no excluye la funcionalidad del FMI para reencuadrar a las economías en crisis dentro del modelo dominante. Más aún, es fácil observar que en el marco de las diferentes crisis nacionales (y la Argentina no fue una excepción) la intervención financiera del FMI tuvo una funcionalidad muy clara: aportar financiamiento institucional a efectos de viabilizar la fuga de capitales” (Hourest; Lozano, 2002: 38). Cabe aclarar que esta tarea adopta formas diferentes según los distintos momentos y contenidos que presenta la economía mundial.
Otra tarea del FMI, articulada con la intervención de otros organismos como el BM, cuyos programas intentan sostener reformas estructurales de largo plazo, es encuadrar a las economías periféricas o subdesarrolladas dentro de lógicas productivas que, integradas en las cadenas mundiales de agregación de valor, no compitan con las producciones radicadas en los países centrales.
Es también función importante de los organismos de crédito, “evitar que el peso de la destrucción de capitales poco competitivos o ficticios recaiga en los centros (al impactar en los mercados de valores, títulos o en segmentos productivos de menor eficiencia relativa) y ello tiene que ver con trasladar –aislándolas en todo lo posible de cualquier contagio- la reconversión financiera y productiva a la periferia deprimiendo precios, desmontando barreras de protección y regulación y destruyendo a la competencia productiva y financiera” (Hourest; Lozano, op. cit.: 39).
1 Nos referimos a los siguientes proyectos de investigación: “La reestructuración económica en la Argentina, 1975-2000. Impactos sociales y territoriales” (entre 1999-2002); “Reestructuración neoliberal y problemáticas regionales en Argentina, 1989-2002. Inserción internacional y transformaciones internas” (2003-2006); “Geografía de la pobreza en el Partido de Luján. Dimensiones sociales y transformaciones espaciales” (2001-2005); “Las transformaciones socioterritoriales en el conurbano bonaerense. El caso del Barrio Obligado, Partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires” (2002-2005); “Geografía del comercio exterior argentino, 1990-2004” (2005-2007). Todos los proyectos mencionados han sido radicados oficialmente en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján.
2 En este trabajo no se aborda el estudio de la pobreza según necesidades básicas insatisfechas (NBI). Para no ser considerados pobres, de acuerdo a las “necesidades básicas” que se supone indispensables, la unidad familiar no debe tener problemas de hacinamiento, de vivienda precaria, de saneamiento básico, de deserción escolar y de “capacidad de subsistencia”. Con esta metodología, un hogar es pobre si no cubre al menos una de estas necesidades. Aquí se utiliza la óptica vinculada a establecer un nivel de consumos mínimos considerados subsistenciales. Si el ingreso de un hogar no es suficiente para pagar esos consumos, se dice que es pobre. La línea de pobreza (LP), se determina según el valor de una canasta básica de bienes y servicios que se define previamente, y que permite satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias, de vestido, transporte, vivienda, salud y educación. Un hogar pobre por ingresos es aquel en el que la suma de todos sus ingresos lo ubica por debajo de la LP. Una parte de los hogares y de la población considerada pobre por ingresos, se halla en situación de indigencia. La línea de indigencia (LI) se determina según el valor de una canasta básica de alimentos, que también se define previamente. Es habitual que el INDEC utilice los valores correspondientes al mes anterior de la EPH. Además , periódicamente se discute y reformula la composición de esas canastas básicas, bien magras por cierto. Entendemos que estos datos, aunque sea necesario realizar extrapolaciones para alcanzar una “imagen” nacional, son útiles para una aproximación adecuada al fenómeno de la exclusión social. Para un abordaje metodológico de otras características, con técnicas cuantitativas y cualitativas, incluyendo LP, LI, NBI, indicador de pobreza humana (IPH), “brecha de pobreza”, etc., se puede consultar la obra de Pierre Salama, 1999. Aunque todo el libro trata sobre la pobreza y la riqueza (par inherente al capitalismo, más aún si es dependiente y periférico) en América Latina, nos referimos en especial a los capítulos V y VI.
3 Un estudio pormenorizado de las relaciones de dependencia y sus consecuencias nefastas para gran parte de la población, a través de dos siglos (XIX y XX), con el endeudamiento externo en su carácter de instrumento de dominación como clave explicativa, puede hallarse en en el libro de Norberto Galasso, 2002. El autor demuestra que el sometimiento al poder económico y financiero internacional ha constituido un gran negocio e inmejorable garantía para que las élites de nuestro país mantuvieran sus privilegios obtenidos de la concentración económica y las desigualdades sociales.
4 Para esta parte del trabajo hemos tenido en cuenta la muy recomendable obra de Eric Toussaint, 2004. Esto no implica dejar de lado otras como la de James Petras; Steve Vieux, 1995; o la de Jorge Beinstein, 1999. Para comprender de qué se habla cuando se dice “ajuste estructural”, y revisar los pasos fundamentales de su aplicación, se sugiere recurrir a los capítulos 11 y 12 del libro citado de Toussaint. Asimismo, sobre orígenes, funciones y formas de gobierno (tan poco democráticas por cierto) de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es bueno consultar el Capítulo 9 de la misma obra.
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