Endeudamiento, Ajuste y Deterioro Social al comenzar el siglo XXI en la Argentina (2da parte)

3. Reseña sintética del significado que ha tenido y tiene la aplicación del ajuste estructural en Argentina

Entre 1955 (inicio del posperonismo) y el golpe cívico-militar de 1976, fue retrocediendo tendencialmente la participación de los salarios en el Ingreso Nacional, resultó más frecuente y notoria la llegada de inversiones extranjeras, algunas empresas públicas fueron privatizadas parcialmente o bien se posibilitó la participación de capitales externos en ciertas áreas estatales. “El Estado y sus empresas fueron quedando atrapados por redes de corrupción orquestadas por la propia burocracia, una buena parte de la burguesía nacional y firmas multinacionales” (Beinstein, 1999: 263). La instauración de la dictadura, en 1976, significó un envión decisivo al movimiento de destrucción con caídas muy marcadas en los salarios reales y el ascenso de la especulación financiera y comercial. Se trató de cambios cualitativos y cuantitativos que dejaron allanado el camino para el posterior y violento giro ultraliberal de 1989-1990 en adelante, la reconversión especulativa de la élite económica local, el ingreso masivo de empresas extranjeras, un nuevo ciclo de endeudamiento externo acelerado y una mayor degradación industrial. Todo esto fue condicionando las políticas económicas posteriores.

Entre el comienzo de la dictadura (marzo de 1976) y el año 2001, la deuda externa argentina se multiplicó por 20, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a cerca de 160.000 millones. Durante ese mismo período, Argentina reembolsó más de 212.000 millones de dólares, esto es, más de 25 veces lo que debía en marzo de 1976 (Toussaint, op. cit.)5. Argentina demuestra hasta el extremo el carácter vicioso e infernal del endeudamiento del Tercer Mundo y de la Periferia en general. Es a causa del pago y no a pesar de él, que el país debe 20 veces más iniciado el siglo XXI que al comienzo de la dictadura (gran parte de los préstamos han servido para refinanciar deudas anteriores que vencían o para asegurar el pago de los próximos vencimientos). Los pagos de la deuda argentina han sido y son todavía (marzo de 2005) un formidable mecanismo de transferencia de riqueza producida por los asalariados hacia los dueños del capital (sean argentinos o residentes de los países más industrializados, comenzando por EEUU y Europa Occidental). El Estado argentino consagra una partida cada vez más importante (no hablamos sólo del número) de los ingresos fiscales, cuya mayor parte proviene de los impuestos pagados por el pueblo, al reembolso de la deuda externa y a las ventajas que otorga al sector capitalista. Pero hay más: vía los mercados financieros norteamericanos y europeos en los que se emiten los préstamos, hay capitalistas argentinos que compran los títulos de deuda de su propio país con el dinero que han sacado del mismo6.

Desde los tiempos del terrorismo de Estado, la deuda pública se fue agrandando con el peso de la deuda privada, ya que el propio Estado asumió el compromiso frente a los acreedores. A partir de entonces, los capitalistas han mantenido y “perfeccionado” esa política de evasión de capitales como si se tratara de un deporte nacional. “A tal punto, que si se pudiera organizar un campeonato latinoamericano de evasión de capitales, el equipo argentino podría intentar ganar el campeonato, pese a que se encontraría con rivales importantes” (Toussaint, op. cit.: 291).

Sólo en un breve período durante la dictadura, entre 1980-1982, “las fugas de capital llegaron, según el Banco Mundial, a más de 21.000 millones de dólares” (Rapoport, op. cit.: 825). Desde aquellos años hasta fines del siglo XX, la “curva” de la fuga de capitales siempre continuó cerca de la “curva” de la deuda externa. Hacia 1999, cuando la deuda externa rondaba los 140.000 millones de dólares, la fuga de capitales superaba los 115.000 millones (Basualdo; Kulfas, op. cit.; Hourest; Lozano, op. cit.). Esta misma actividad (la de evadir capitales) se tornaría muy intensa en los dos años finales de la convertibilidad, pero también después de su agotamiento, a lo que haremos referencia específica algunas páginas más adelante.

Al igual que en otros países latinoamericanos, o en otras regiones periféricas, no se trató de una convergencia casual sino del resultado de una sucesión prolongada de interacciones entre un centro económico mundial que se concentraba y financierizaba y sus periferias, algunas más sumisas, otras “rebeldes” o con cierto grado de autonomía cuyas estructuras defensivas fueron cediendo hasta quedar la mayor parte de ellas sumergidas por la ola depredadora. Esta degradación, vinculada al endeudamiento, siguió diversas variantes  nacionales de déficits fiscales (resultado de políticas tributarias que aliviaban las cargas fiscales de los grupos de altos ingresos y de las grandes empresas, especialmente las multinacionales), déficits del comercio exterior, repatriaciones de beneficios y evasiones de capitales hacia los países centrales.

Coincidimos con Jorge Beinstein cuando dice que en Argentina se “llevó adelante bajo el gobierno peronista de Menem (1989-1999) una de las experiencias neoliberales más extremas. Privatización-desnacionalización de la totalidad de las empresas públicas, desmantelamiento de la seguridad social, drástica reducción de derechos laborales, apertura salvaje de las importaciones e inversiones extranjeras, sumisión completa a la política internacional de los EEUU y a las orientaciones del FMI y del Banco Mundial, eliminación de toda posibilidad de política monetaria autónoma, [...]” (Beinstein, op. cit.: 269-270).

Podemos advertir dos etapas: la primera desde fines de 1989 hasta fines de 1994, estuvo marcada por las privatizaciones, la apertura importadora y otras medidas de “liberalización”. Más allá de las manipulaciones estadísticas que inflaron ciertos “éxitos”, el PBI creció, subió la recaudación fiscal, algunos precios se mantuvieron estables (gracias entre otras cosas a la oferta de productos importados, la sobrevaluación de la moneda local y sobre todo a la reducción de los ingresos reales de las clases bajas), las clases medias superiores y altas vivieron un frenesí consumista, mientras el Estado obtenía fondos gracias a la combinación de ventas de empresas públicas y endeudamiento externo. A mediados de 1994 el esquema comenzó a mostrar signos de agotamiento, aparecieron los problemas fiscales (tanto por las transferencias de recursos tributarios a grupos privados con la semiprivatización de la seguridad social, como por la desaceleración de la recaudación por el gradual enfriamiento económico); la crisis mexicana de fines de 1994 fue el “empujón externo” que condujo al país a la recesión de 1995.

La “recuperación” fue obtenida con más apertura, más transferencias y reducciones fiscales favorables a las grandes empresas, más caídas de los salarios reales y un gran aumento de la desocupación (la tasa oficial de desempleo pasó de alrededor de 12% en 1994 a cerca de 18% en 1995). Pero el factor principal consistió en un acelerado endeudamiento externo público y privado que llegó a niveles críticos hacia comienzos de 1999. Aunque la recesión se había instalado nuevamente en 1998, cuando en enero de 1999 estalló otra crisis brasileña, el gobierno argentino atribuyó a la misma los problemas económicos del país, hablando de “efecto contagio” e “impacto negativo sobre las exportaciones”, queriendo ignorar los factores endógenos derivados de la estrategia aplicada a lo largo de una década.

El recambio gubernamental de diciembre de 1999 no modificó ni mitigó los efectos más alarmantes de la década previa. “Por el contrario, procedió a profundizarlos, subordinando la satisfacción de las necesidades de la población a la articulación de la formación socioespacial al mercado mundial, a través del incremento del poder de actores dominantes tales como corporaciones globales, grupos económicos nacionales, instituciones multilaterales de crédito y acreedores externos. En pocos meses se profundizó la regresividad de uno de los regímenes tributarios más injustos del planeta, se consolidó la adjudicación de los segmentos más valorizados del proceso de acumulación a favor de los capitales hegemónicos, se impulsó una nueva reforma laboral que implicó el aumento de la desocupación y la precarización del mercado de trabajo, se redujeron los salarios públicos, se mantuvo la reducción de los aportes patronales de bancos, hipermercados y empresas privatizadas, y se continuó subsidiando a concesionarios de peajes, ferrocarriles y operadores fluviales, entre otros” (Morina; Velázquez; Gómez Lende, 2004: 7).

En cuanto a la deuda externa, se producen dos sucesivas renegociaciones, durante el año 2000 (“blindaje financiero”), y a mediados de 2001 (“megacanje”), que subordinaron aún más al país a los intereses de las fracciones dominantes, implicando la vulneración de derechos sociales básicos, tales como salud y educación7.

El colapso aparente de las características más reconocidas del régimen de acumulación imperante se produce en el tramo final del año 2001, cuando las principales empresas financieras y no financieras continúan la enorme fuga de capitales, implicando, al mismo tiempo, la devaluación del signo monetario, la retención de los depósitos bancarios de la población, y la cesación de pagos de los intereses y de una parte de la deuda externa.

El deterioro padecido por sectores cada vez más amplios de la población, es consecuencia directa de las sucesivas rondas de ajustes aplicados en razón de los requerimientos del FMI en asociación con el poder económico de los consorcios empresariales nacionales y extranjeros que prohijaron la última dictadura y que han acrecentado sus prebendas desde el regreso de las instituciones de la democracia formal. El cuadro social hacia octubre de 2001, representado a través de la pobreza y la indigencia por ingresos (en totales y con menores de 18 años), puede observarse en el Cuadro 1, con los valores absolutos y la incidencia porcentual para hogares y personas.

Cuadro Nº 1: Incidencia de la pobreza y la indigencia en el total del país. Octubre de 2001

	Pobres		Indigentes
	Miles	Incidencia	Miles	Incidencia
HOGARES
Total	3.069	30,0	1.056	10,3
Con menores de 18 años	2.432	44,1	849	15,4
PERSONAS
Total	14.567	40,5	5.327	14,8
Hogares con men. de 18 años	13.090	50,1	4.917	18,8

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, del CNPV 2001, del INDEC y  SIEMPRO (8).

Ciertamente, ya hacia fines del siglo XX, el nivel de pobreza sextuplicaba el de 1974 (3,2 %) y duplicaba el de 1980. Sólo era menor al registrado durante el pico inflacionario de 1989. Para aquel año, tomando el caso del Gran Buenos Aires, la onda de octubre de la EPH había calculado un 38, 3 % de los hogares y un 47,4% de las personas bajo la LP (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 1997: 62). El recrudecimiento de la pobreza y de la indigencia por ingresos, que se manifiesta en octubre de 2001, contrariamente, se produce en un contexto que se conocía como de “estabilidad” de precios.

En el total nacional, los jefes de hogar con menores de 18 años a su cargo y debajo de la LP, llegaban a 2.432.300. Debajo de la LI sumaban 850.575. De acuerdo a la situación de pobreza por ingresos que mostraban los hogares y la magnitud de los que tenían menores a cargo, se  calculaba que la proporción de jóvenes pobres alcanzaba el 55,8 % del total de la juventud del país. Esto comprometía, ya entonces, el futuro  de 7.082.200 niños y adolescentes (o anunciaba la carencia de perspectivas y oportunidades para ellos) (Hourest; Lozano, op. cit).

Queda claro que la preocupante situación que estamos presentando (con datos de 2001 que serían más graves en 2002, como veremos enseguida) conforma parte de los resultados de la reestructuración económica operada en Argentina desde el golpe cívico-militar, pero continuada y consolidada en más de veinte años de democracia apenas procedimental. En un prolongado contexto de plena vigencia del endeudamiento externo, de valorización financiera, de ávida transferencia de recursos al exterior y de apertura importadora cada vez más indiscriminada, la mencionada reestructuración económica (y de hecho contrarreforma social neoliberal), afectó al mercado de trabajo en términos de una significativa expansión del desempleo y una sensible caída de los salarios. El desempleo creció más de 350% desde mediados de la década de 1970 hasta 2001 inclusive. En cuanto a los salarios, si consideramos una base 100 en 1975, en 2001 el promedio salarial sería 38, implicando una caída del 62% en términos reales. Si la comparación fuera efectuada con respecto al promedio de la desocupación en la década de 1980, y el nivel salarial promedio fuera 100 para ese año, comprobaríamos que el desempleo había crecido un 205% y el salario real caído un 22,2%, también al finalizar el año 2001 (Hourest; Lozano, op. cit.: 48).

De todos modos, las consecuencias sociales regresivas,  propias de una concentración económica de magnitud insospechada a comienzos de los años setenta, no deben hacernos olvidar que el período recesivo iniciado en 1998 contribuyó, indudablemente, al agravamiento de  una situación a la que se había llegando aplicando ajustes de diferentes características pero siempre a favor del capital y “contra la gran masa del pueblo”.

En el Gráfico 1 se aprecian los recorridos seguidos entre 1998 y 2001 por  la desocupación9, la pobreza y la indigencia. En esos pocos años, el desempleo abierto creció cerca del 39%, la pobreza subió aproximadamente un 31% y la indigencia nada menos que el 89%. El aumento sostenido de la desocupación, entendiendo a la relación salarial como mecanismo que en el capitalismo ha sido históricamente vía de incorporación en el mercado de consumidores, provoca un incremento inmediato de la pobreza y de la indigencia por ingresos. Hablamos concretamente de la pérdida de éstos. Pero además de ese efecto directo, con una tasa de 27,7 % en los jefes de hogar pobres (octubre 2001), la desocupación permite a los capitalistas (con aval del Estado) promover el descenso salarial y la precarización, y así, más pobreza e indigencia.

Gráfico Nº 1: Evolución de la desocupación, pobreza e indigencia en Argentina, 1998-2001

Fuente: elaboración propia en base a información pública de la EPH del INDEC.

Gráfico Nº2: Desempleo de larga duración (*)

en 28 aglomerados Urbanos.  Octubre de 2001.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPH y el CNPV 2001 del INDEC y SIEMPRO

(*) Proporción de desempleados con 6 meses o más en esa condición

La prolongación del cuadro recesivo se expresó en los altos valores del desempleo de larga duración (ver Gráfico 2), que alcanzaba casi al 30% del total de desocupados en octubre de 2001, y 21% en los Jefes de Hogar. El desempleo de 6 meses o más era de 33,6% entre 15 y 18 años, y de 39,2% para los jóvenes de 19 a 24 años. Se torna evidente la exclusión que sufren los jóvenes, con un desempleo abierto para los menores de 24 años que era de 31, 8% 10.

La lectura de los Cuadros 2 y 3, nos permite hacernos una idea del deterioro en el poder de compra de los ingresos de los hogares pobres, indigentes y en general, entre octubre de 2001, en los meses finales de la convertibilidad, y abril de 2002, en pleno proceso devaluatorio e inflacionario.

Cuadro N ^o 2: Ingreso total medio en pesos de los hogares según condición de pobreza, por provincia y total del país. Octubre de 2001

	Ingreso medio de los hogares
	Hogares Pobres	Hogares Indigentes	Total de Hogares
Ciudad de Buenos Aires	321,6	107,5	1.476,9
Tierra del Fuego	317,9	143,4	1.351,6
Santa Cruz	321,1	95,5	1.219,8
Chubut	251,6	85,7	1.053,3
Neuquén	287,8	103,9	890,5
Catamarca	298,4	123,3	869,2
TOTAL DEL PAÍS	276,9	118,2	811,1
La Rioja	334,0	114,5	804,3
Buenos Aires	289,4	117,2	796,8
Mendoza	280,9	124,2	754,8
La Pampa	281,8	119,8	753,1
Santiago del Estero	293,9	158,5	707,7
San Juan	303,2	129,3	702,4
Cordoba	277,1	109,5	695,3
Tucumán	302,2	100,4	690,5
Salta	262,6	119,5	670,8
Santa Fé	248,3	113,3	652,3
Jujuy	301,3	170,4	648,8
San Luis	240,7	91,1	638,6
Formosa	246,5	112,2	634,0
Misiones	247,5	138,5	593,3
Corrientes	287,3	167,8	588,6
Chaco	224,6	120,3	572,5
Entre Ríos	227,0	85,0	539,8

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH y el CNPV 2001 del INDEC y SIEMPRO.

A partir de la salida de la Convertibilidad, y con un dólar estipulado en $2,70, durante los primeros meses del gobierno designado por la Asamblea Legislativa y encabezado por el presidente Duhalde, se convalidaba una rebaja del 63% de los niveles salariarles (Hourest; Lozano, op. cit.). Los datos de ambos cuadros, uno con los ingresos en pesos y el otro con los ingresos calculados en dólares de abril de 2002, denunciaban un presente gravísimo y un futuro inmediato desolador. Estábamos ya ante la culminación de un proceso que sólo podía conducir a la miseria y al hambre de gran parte de la población argentina.

Cuadro Nº 3: Ingreso Total medio en dólares de los hogares según condición de pobreza por provincia y total del país.  Abril de 2002.

	Ingreso medio de los hogares
	Hogares  Pobres	Hogares Indigentes	Total de Hogares
Ciudad de Buenos Aires	119,1	39,8	547,0
Tierra del Fuego	117,7	53,1	500,6
Santa Cruz	118,9	35,4	451,8
Chubut	93,2	31,7	390,1
Neuquén	106,6	38,5	329,8
Catamarca	110,5	45,7	321,9
TOTAL DEL PAÍS	102,6	43,8	300,4
La Rioja	123,7	42,4	297,9
Buenos Aires	107,2	43,4	295,1
Mendoza	104,0	46,0	279,6
La Pampa	104,4	44,4	278,9
Santiago del Estero	108,9	58,7	262,1
San Juan	112,3	47,9	260,1
Cordoba	102,6	46,6	257,5
Tucumán	111,9	37,2	255,7
Salta	97,3	44,3	248,4
Santa Fé	92,0	42,0	241,6
Jujuy	111,6	63,1	240,3
San Luis	89,1	33,7	236,5
Formosa	91,3	41,6	234,8
Misiones	91,7	51,3	219,7
Corrientes	106,4	62,1	218,0
Chaco	83,2	44,6	212,0
Entre Ríos	84,1	31,5	199,9

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH y el CNPV 2001 del INDEC y SIEMPRO

Gráfico Nº 3: Evolución de la brecha entre el ingreso familiar per cápita del decil 10 y del decil 1.  GBA 1991-2001

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPH y el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, del INDEC y  SIEMPRO.

Hay que señalar que, el cuadro de deterioro que se expresa en la caída de los ingresos de los hogares, es consecuencia ineluctable de la profunda desigualdad social que se fue consagrando, hasta llegar a niveles cada vez más irritantes. Como muestra de ese proceso, el Gráfico 3, tomando el caso del Gran Buenos Aires entre 1991 (al mes siguiente de iniciado el plan de convertibilidad) y octubre de 2001, nos dice que la brecha de ingresos entre el decil 10 y el decil 1, pasó de 19,6 a 33,9 veces. Esto es un aumento del 72 % en la brecha de desigualdad.

En base a datos presentados por el PNUD, en el Cuadro 7 se identifica que entre 1995 y 2002, la brecha entre el 20% de la población con los mayores ingresos y el 20% de la población con los menores ingresos, se fue haciendo más profunda. 

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5 El detalle de la deuda externa y el servicio pagado en cada año del período 1975-2000, puede hallarse en Toussaint, op. cit.: 290.

6 Los capitalistas argentinos (es una forma de decir) se endeudaron durante la dictadura y colocaron gran parte de ese dinero en el exterior vía fuga de capitales. La explicación técnica de ese fenómeno y su seguimiento hasta los primeros años del siglo XXI, se puede comprender entre otras, en las siguientes obras: Calcagno, A.; Calcagno, E., 2002; Rapoport et al, 2000; Basualdo; Kulfas, 2002; Olmos, 2004.

7 Sobre las características y consecuencias de esas renegociaciones, recomendamos consultar el trabajo de Jorge Schvarzer, 2003.

9 Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (www.siempro.gov.ar). Los datos de cada provincia fueron estimados extrapolando los del aglomerado (en algunos casos más de uno) de cada jurisdicción, teniendo en cuenta la población provincial. No se contó con datos de Río Negro.

10 El aumento del desempleo constituyó una tendencia consolidada durante la convertibilidad, tanto con cifras positivas en el crecimiento del PBI (primeros años del plan), como en años recesivos (p. e. 1995 y este período 1998-2001 que se toma en el Gráfico 1), cuando el “ejército de reserva” se expande sobremanera. Ya entre 1991-1995, la tasa se había triplicado por la aplicación del “modelo” concentrador y excluyente, y no por causas exógenas. Su expansión en ese período, pero también desde entonces, debe entenderse como resultado inevitable de las políticas aplicadas. Entre otras cuestiones, cabe mencionar: una “Reforma del Estado” con eje en las privatizaciones, sin el menor interés oficial ni de los grupos empresarios favorecidos por la reinserción de la masa laboral despedida o retirada; la apertura externa esencialmente importadora; tasas de interés que impidieron el financiamiento de las PyMES; hegemonía en el proceso de acumulación de los segmentos de la estructura productiva con menor capacidad de generación de empleo (agricultura, minería, petróleo, etc.); crisis de las ramas industriales con menor densidad de capital por trabajador ocupado; modernización de actividades primarias tradicionales; ingreso de bienes de capital; desmantelamiento de los mecanismos de control e intervención estatal, salvo para reprimir a los trabajadores en conflicto y generar legislación a favor de los capitalistas.